Denuncian que sufren un trato discriminatorio frente a otros trabajadores judiciales. Ha sido comunicado el Colegio de Abogados de Las Palmas, pero no ha tomado medidas
Pasar por el detector de metales del centro penitenciario Las Palmas II, en Gran Canaria, se ha convertido en un verdadero suplicio para las abogadas de la isla. En la bandeja en la que depositan sus pertenencias para atravesar el control no sólo ponen el reloj, el bolso, el cinturón o las gafas, sino que también tienen que colocar una pequeña bolsa con su sujetador en los casos en los que se dispare el dispositivo, algo que ocurre la mayoría de las veces. Consideran este hecho "denigrante" y "vejatorio", y han decidido denunciarlo de nuevo ante el Colegio de Abogados de la provincia de Las Palmas.
La letrada Rosa de León es quien ha planteado esta denuncia verbal. "Es tan humillante para la mujer que nos sentimos violadas. En la mayoría de las ocasiones, antes incluso de atravesar el control, nos invitan a pasar a una sala contigua y nos tenemos que quitar el sujetador y meterlo en una bolsa", afirma Rosa con indignación. "Imagínate la vergüenza que pasamos. Mujeres con pechos grandes y otras con prótesis por alguna operación también se lo tienen que quitar y pasear la ropa interior hasta el control". Para ella y para otras tantas letradas se recibe un trato vejatorio por supuestas razones de seguridad. "Esto no ocurre con otras magistradas, juezas, fiscales o personal de prisiones. Además, ni el reglamento ni el protocolo de Instituciones Penitenciarias recoge que tengamos que quitarnos el sujetador".
El protocolo de seguridad de la prisión, disponible en la web de Instituciones Penitenciarias, establece en su punto 3.1.1 que "todas las personas que tengan autorizado el acceso al interior del establecimiento serán invitadas, con la mayor corrección, a pasar el control del arco detector de metales, excepto los magistrados, jueces y funcionarios del Ministerio Fiscal que visiten el centro en el ejercicio de sus funciones, así como los funcionarios y personal laboral adscritos al centro y aquellas autoridades que vayan acompañadas por algún mando del establecimiento".
Rosa va más allá y afirma que "esta medida es absurda porque, desde que pasamos el control hasta que llegamos a los locutorios para entrevistarnos con el recluso, nos acompaña un funcionario. Además, durante la conversación, que se realiza a través de un cristal, también está presente. No hay contacto físico alguno con el interno". La letrada espera que esta vez sí que se tomen medidas al respecto. Ella y otras compañeras de profesión han decidido delegar en otros abogados sus casos para evitar acudir al centro penitenciario Las Palmas II. "No podemos permitir que la institución colegial que nos representa no haya hecho nada por impedir esta situación totalmente denigrante", apostilla la letrada, quien personalmente informó al Colegio hace ya un año de lo que sucedía en la prisión.
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