Una veintena de centros penitenciarios del país verá en los próximos meses cómo parte del personal de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que trabaja en el control de los accesos del perímetro de estos recintos es sustituido por vigilantes de seguridad. Un movimiento que en algunos sectores de los funcionarios de prisiones preocupa porque entienden que puede ser el principio de una progresiva privatización que termine abarcando más funciones. En ese listado de cárceles que contarán con seguridad privada aparecen tres de las cuatro que hay en la provincia: Botafuegos (Algeciras), Puerto I y Puerto II.
El pasado miércoles mantenían una reunión en Madrid responsables de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y representantes de los sindicatos mayoritarios con presencia en los centros penitenciarios. En dicho encuentro se dio a conocer el pliego de condiciones que regirá la contratación del servicio, las funciones que desempeñarán los vigilantes y su organización interna. En ese documento, al que ha tenido acceso LA VOZ, se recoge que para la provincia gaditana se contempla la cobertura de nueve puestos con la siguiente distribución: 2 en Botafuegos y 7 para Puerto I y Puerto II. Los puestos no equivalen a número de vigilantes ya que estos están definidos en el pliego de condiciones como categoría H24. Es decir, que requieren una cobertura de 24 horas, todos los días del año. Ahora recae en las adjudicatarias de este servicio la decisión de cuánto personal van a utilizar para hacer frente a esta carga de trabajo, cumpliendo con las condiciones que le fija la Administración del Estado. Fuentes penitenciarias consultadas por este medio advirtieron de una obviedad: las condiciones laborales de los vigilantes de seguridad privada son más desfavorables que las de los funcionarios.
En Puerto I y Puerto II se espera desde primero de abril que empiecen a llegar los primeros vigilantes, que empezarían a funcionar a modo de prueba. Sin embargo, aún no se han incorporado, según confirmaron a LA VOZ personal de ambos recintos en el día de ayer. Si bien la llegada se prevé inminente y que pueda producirse antes de verano. Prueba de ello es que existe ya el pliego de condiciones para la contratación del servicio y el siguiente paso sería la adjudicación. Las mismas fuentes señalaron que se prevé que la concesión recaiga en una UTE de empresas del sector de la seguridad privada.
Las funciones que pasarán a desarrollar estos vigilantes son, según consta en el citado documento: el control de los accesos, atención del perímetro de los recintos, autorización de entradas a las cárceles siguiendo instrucciones, además de la vigilancia, manejo y observación de los sistemas de cámaras (CCTV) que hay en las garitas que hay en las entradas. En el caso de las prisiones portuenses, los vigilantes sustituirían a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que en estos momentos ocupan la 'pecera' que hay en el acceso principal a Puerto I y Puerto II.
El pliego de condiciones también establece que este personal estará subordinado a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Así podrán efectuar controles de identidad de las visitas de los reclusos, pero sin retener la documentación personal y aunque estarán habilitados para impedir la introducción de objetos o sustancias prohibidas, deberán poner cada caso en manos de los cuerpos policiales «inmediatamente».
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