Sus secretarios generales en Andalucía figuran como presidente y vicepresidente en la Faja Pirítica de Huelva en 2003
El secretario general de UGT en Andalucía, Manuel Pastrana, y su homólogo en Comisiones Obreras, Francisco Carbonero, figuraban como presidente y vicepresidente, respectivamente, de la «Asociación Faja Pirítica de Huelva». Creado el 30 de junio de 2003, el colectivo agrupó inicialmente a 687 prejubilados afectados por el cierre masivo de empresas en la cuenca minera onubense. La junta directiva controlada por ambos dirigentes sindicales se encargaba de cobrar «ante todos los organismos públicos y privados, y del orden que fueran, todas las cantidades debidas por ellos a los asociados».
Pero también tenía la misión de nombrar a «gestores profesionales» para administrar las pólizas, abriendo así la puerta a los polémicos intermediarios que se lucraron supuestamente con sobrecomisiones millonarias de los ERE. Estas son, entre otras 16 funciones más, las atribuciones que Pastrana y Carbonero (por entonces secretario de Organización y Finanzas de CC.OO.) se atribuyeron en los estatutos aprobados el 30 de junio de 2003, coincidiendo con la constitución de la citada asociación.
La cúpula regional de los sindicatos, que hace una semana se desvinculó por completo del cobro de comisiones ilegales, ocupó un papel protagonista en el rompecabezas de los ERE cuyas piezas empieza a encajar la juez Mercedes Alaya, que trata de averiguar adónde fueron a parar los 50 millones de euros pagados en sobrecomisiones por la Junta de Andalucía. Según la tesis que sostienen la Guardia Civil y la magistrada, los sindicatos decidían al mediador o «broker» que debía gestionar los expedientes de empleo y la compañía de seguros que se contrataba.
La sede de la asociación se fijó en un despacho de abogados implicado en las comisiones Documentos oficiales comprometedores dan alas a la teoría de los investigadores. Según el acta fundacional, a la que ha tenido acceso ABC, firmada por Pastrana y Carbonero, ambos se pusieron al frente de la asociación. En dicha sesión, celebrada en Sevilla, participaron también Daniel Soto Castillo, de la Federación de Industrias y Afines de la UGT y, por parte de CC.OO., asistió además Rafael Varea Nieto, como secretario estatal de la Minería de la Federación Minerometalúrgica. La Faja Pirítica fue uno de los focos que concentró mayores irregularidades. La investigación identificó en un total de 796 prejubilaciones hasta 44 intrusos que se beneficiaron de pólizas subvencionadas sin haber pisado nunca una mina. En los procesos promovidos en 2002 por las Administraciones autonómica y central para asegurar una pensión a los mineros de más edad, los sindicatos no se limitaron a ser meros tomadores de las pólizas suscritas con las aseguradoras.
La Faja Pirítica de Huelva y Sevilla concentró algunos de los ERE más voluminosos, que abarcaban las Minas de Riotinto, Nueva Tharsis, Bolsa de Tharsis, Insersa, Filón Sur, Almagrera y Navan Resources. En esta operación también intervino el bufete sevillano Estudios Jurídicos Villasís, fundado por el abogado Carlos Leal, citado hoy a declarar como imputado por la juez para desentrañar el destino de las sobrecomisiones. Curiosamente, Pastrana y Carbonero fijaron la sede del colectivo en el despacho de abogados, situado en la capital hispalense.
Sobrecomisiones sindicales Según declaró a la juez Antonio Albarracín, exdirectivo de una de las principales mediadoras con las que trabajaba la Junta, los sindicatos cobraban entre el 0,5 y el 1 por ciento del montante de las primas de prejubilación en forma de jugosas comisiones por «buscar empresas en crisis para incrementar el negocio», especificó Alaya. Los ERE de la Faja Pirítica movieron cifras de vértigo. De los 138,23 millones de euros que costaron, la Junta aportó 102,23, y el Ministerio de Trabajo, los 36 millones restantes. De acuerdo con los abultados márgenes de ganancia descritos, los gastos de intermediación sindical podrían haber superado el millón de euros.
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