Trece vigilantes jurados que trabajaban para la empresa de seguridad Sequor en el centro de menores Santo Anxo de Rábade y el centro Lug I de la capital, ambos propiedad de la Xunta, presentaron denuncias ante la magistratura de trabajo contra la firma Prosetecnisa debido a que no procedió a subrogar sus contratos, «como así obliga el convenio colectivo de la seguridad privada», explican.
«Es el primer caso en el que una empresa no asume a los trabajadores de la anterior concesionaria», añaden los afectados, que también acusan a la Consellería de Traballo de «connivencia» con Prosetecnisa por no obligarla a cumplir las bases del contrato de gestión, en las que se recoge el número de trabajadores a subrogar y la antigüedad de cada uno.
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