La vigilancia en los puertos deportivos andaluces se queda bajo mínimos

En torno a una veintena de trabajadores se ha visto afectada con despidos y desplazamientos El recorte se aplicó tras el traspaso del servicio a una nueva empresa, con un acuerdo más reducido

Los ajustes han llegado a la seguridad de los puertos deportivos, que han perdido gran parte de la plantilla de guardas desde que comenzó el año. De los casi cuarenta efectivos que controlaban a diario los espacios de amarre de toda la provincia, apenas permanecen en sus puestos poco menos de la mitad que también han visto reducidas sus jornadas. Eso deja a enclaves como Puerto América, Sancti Petri o Chipiona sin vigilante autorizado.

La nueva situación ha coincidido con el cambio de empresa que la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), dependiente de la Consejería de Obras Públicas, ha realizado recientemente. El servicio se encuentra ahora en manos de Casesa (Castellana de Seguridad S. A.), que firmó un acuerdo muy rebajado con la administración y ha supuesto la subrogación de menos trabajadores. Una parte se ha ido al paro, con indemnizaciones de veinte días por año trabajado y otros han sido reubicados en destinos como Ceuta o Algeciras, según fuentes consultadas de la plantilla, que hasta este mes se encontraba bajo las órdenes de Eulen.

En total, la medida afecta a casi una veintena de empleados con más de una década de servicio en los puertos gaditanos. «En su mayoría superan los 40 años de edad, siempre ligados a la vigilancia portuaria, con lo que sus opciones de encontrar un nuevo puesto se reducen muchísimo», explican las fuentes consultadas. Además del drama laboral, esta decisión supone también un problema para puertos como el de Bonanza, en Sanlúcar o el de Barbate, que son puntos calientes del narcotráfico. Sólo por poner un ejemplo, en este último se han perdido cinco empleos y de los seis guardas que controlaban el espacio apenas uno se ha quedado en horario de fin de semana, lo que supone que de lunes a viernes no habrá vigilante autorizado.

Y esto viene a ocurrir justo cuando la provincia encabeza las estadísticas de incautaciones de estupefacientes en todo el país, tal como avanzó el pasado jueves el Ministerio del Interior. Las fuentes recuerdan que «los vigilantes han servido siempre de soporte a los cuerpos de seguridad para detectar y localizar cargamentos, aunque no intervengan en las operaciones». La situación ha supuesto un tremendo varapalo para estos trabajadores que han mostrado su indignación hasta el punto de que el Sindicato Profesional de Vigilantes (SPV) llegó a presentar un escrito el pasado lunes ante la Subdelegación del Gobierno para denunciar la medida. Según se deduce de la misiva, este colectivo sospecha que las labores de vigilancia recaerán ahora sobre la subcontrata de auxiliares portuarios Alvac S.A., cuyo personal se encarga de la recepción y atraque, atención a usuarios, amarres y conexión de los servicios a embarcaciones. En el acuerdo no se dice nada de tareas de seguridad, con lo que el sindicato ha pedido a la Inspección de Trabajo que esté atenta

FUENTE: lavozdigital.es AQUÍ