La empresa Seguridad Integral Canaria (SIC) no les dejó incorporarse a sus puestos mientras mantuvieron dicha protesta ante la Consejería de Política Social del Gobierno canario.
La situación de los vigilantes del centro de menores con medidas judiciales de Valle Tabares es cada vez más preocupante. Un grupo de estos trabajadores comenzaron el lunes por la mañana una huelga de hambre ante la Consejería de Política Social del Gobierno canario para plantear sus reivindicaciones laborales a los responsables de ese departamento. Un portavoz de dicho colectivo explicó que mantendrían esa postura hasta que la consejera, Inés Rojas, o algún representante de la Dirección General del Menor los atendiera. Pero fuentes del comité de empresa manifestaron ayer que la protesta se ha desconvocado, después de que la empresa a la que están vinculados, Seguridad Integral Canaria (SIC), abriera expedientes disciplinarios a los huelguistas, además de impedirles acceder al servicio y, según los sindicalistas, un encargado les amenazara con el despido.
Supuestamente, varios vigilantes fueron a incorporarse al centro de Valle Tabares a las 8:00 horas de ayer y por parte de la empresa se les informó de que, mientras permanecieran en huelga de hambre, no se les autorizaría el acceso a sus puestos. Fuentes de los trabajadores señalaron que un directivo provincial de Seguridad Integral Canaria (SIC) amenazó telefónicamente el pasado martes a 11 empleados que realizaban la huelga de hambre con su despido.
Al parecer, dicha afirmación fue escuchada por 11 vigilantes de Valle Tabares y un testigo. Ante esa situación, el directivo fue denunciado ante el Juzgado de guardia en Santa Cruz de Tenerife por coacciones y amenazas. Durante los dos días que los trabajadores estuvieron ante la Consejería de Política Social, ningún responsable político los atendió. Los trabajadores que ayer desconvocaron el acto de protesta denuncian que SIC supuestamente incumple el convenio colectivo a nivel estatal de personal de seguridad. Otra de sus quejas consiste en que la empresa supuestamente ingresa dinero en sus cuentas fuera de la nómina.
Además, desde el comité de empresa denuncian negligencia en la dotación de material a los vigilantes, concretamente por las emisoras, que funcionan mal; los detectores de metales (varios de los cuales no son útiles), así como por los Equipos de Respiración Autónoma (ERA), que están caducados. Aunque desde EL DÍA se intentó hablar en varias ocasiones con un representante provincial de la empresa para contrastar la información, este extremo no fue posible en la jornada de ayer.
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