Actualmente hay más de 1.700 empleados de seguridad trabajando en el Metro madrileño, pero en un período de entre uno y dos años, la plantilla se reducirá en aproximadamente un 36%. Las empresas de seguridad que operan en Metro de Madrid deberán asumir un recorte de personal en el servicio.
La negociación del convenio de Metro de Madrid se ha visto empañada por un nuevo plan de ajustes. Esta vez afectará a la prestación del servicio de seguridad: la entidad pública obligará a las empresas privadas adjudicatarias a prescindir de unos 600 trabajadores de seguridad en los próximos 12-24 meses. El plan de Metro, tal y como explican fuentes del sector, parece abocado a generar un clima de conflictividad con los sindicatos de los vigilantes. No se descarta incluso nuevas huelgas y lo que aventuran como “un verano caliente”.
Según ha podido saber El Confidencial Autonómico, la dirección del suburbano ha impuesto a las diferentes empresas privadas que prestan este servicio unas duras condiciones para ahorrar en costes de personal. Aceptar este recorte es indispensable para aquellas empresas que quieran renovar sus servicios con Metro, según fuentes sindicales consultadas por ECA. De los más de 1.700 empleados de seguridad que hay en Metro de Madrid, se tendrá que prescindir de algo más de 600. Ésas son las cifras que manejan los trabajadores y que suponen un recorte de aproximadamente un 35% de la plantilla.
Tal y como adelantó este diario, a comienzos de año Prosegur traspasó su contrata de seguridad en dos líneas a la empresa Ombdus. Prosegur se sumaba así a otras empresas como Securitas –que ya había renunciado a su contrato- o el de Eulen, que decidió no presentarse a la última adjudicación. “Ya hace un año que se empezó a hablar de un recorte en el número de empleados de seguridad de Metro Madrid”, indica uno de sus trabajadores.
Según fuentes del suburbano, está previsto que Metro adjudique la seguridad de todas las líneas en mayo o junio de este mismo año –el plazo de presentación de ofertas finaliza el próximo martes 9-. El procedimiento de subasta se implantó en 2012 en lugar del concurso para reducir costes. “Así ganan las ofertas más baratas”, aseguran fuentes consultadas por ECA. “Esto supuso cambios a peor en los derechos de los trabajadores y en el sueldo”.
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