diariodeleon.es AQUÍ La incorporación de los dos primeras vigilantes privados al Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas se retrasará «entre quince días y un mes», según informaron fuentes de la Prisión Provincial a este periódico. Pese a que ayer 1 de Abril estaba prevista la llegada de los dos primeras efectivos de la empresa Segur Ibérica, que se ha hecho con la adjudicación del contrato, definitivamente se ha retrasado de dos a cuatro semanas la puesta en marcha de este experimento.
La prisión provincial de León contará con dos puestos para personal de estas características, igual que Topas (Salamanca) y Palencia. El establecimiento de Villanubla (Valladolid) contará sin embargo con cuatro agentes de estas características, que forman parte de un plan del Gobierno para recolocar a los miembros de las escoltas de seguridad del País Vasco que se han quedado sin trabajo por la tregua de ETA. 789 profesionales, que después han terminado 365, necesitaban una salida laboral una vez que la banda terrorista anunció su fin. El plan del Gobierno era recolocarlos en las prisiones, pero aunque la medida estaba consensuada hace un año, no se conoció hasta hace un mes. Ahora, vuelve a retrasarse por espacio de entre dos y cuatro semanas.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles y los sindicatos de prisiones ya han mostrado su rechazo a la medida que se pretende poner en marcha En el documento de notificación se afirma que «en ningún caso supondrá una reducción de efectivos de las Unidades de las FCSE, tan solo se tratará de un refuerzo, al menos en la fase inicial, considerada como experiencia piloto», pero a continuación añade que «en un futuro, en función de los resultados de esta experiencia y de las disponibilidades presupuestarias, podría iniciarse una sustitución progresiva de las FCSE por miembros de la seguridad privada». «AUGC no tiene ninguna duda sobre la intención final del Gobierno: privatizar la seguridad en las prisiones, porque de no ser así no habría adoptado la medida, sobre todo teniendo en cuenta que las Unidades de Seguridad Penitenciaria no precisan actualmente ningún refuerzo, y mucho menos de vigilantes de seguridad privada», explicó la asociación en un comunicado de prensa remitido recientemente a los medios de comunicación.
elperiodicodearagon.com AQUÍ La seguridad privada no se dejó ver por las cárceles de Zuera y Daroca en la primera jornada --la de ayer día 1-- en la que estaba previsto que vigilantes sin arma comenzaran a asumir el control de los accesos, el perímetro y los sistemas de videovigilancia de los dos penales, según señalaban las órdenes remitidas hace unas semanas a los responsables de la Guardia Civil en Zaragoza por el Ministerio del Interior.
Fueron efectivos del instituto armado quienes se encargaron de esas tareas de seguridad, como vienen haciendo desde que entraron en funcionamiento ambas cárceles. Interior adjudicó hace unos meses a una UTE de empresas de seguridad privada las tareas de control de los accesos de 21 centros penitenciarios, entre ellos los dos de régimen cerrado de la provincia de Zaragoza. El ministerio que dirige Jorge Fernández Díaz sostiene que la privatización de la vigilancia es un servicio de refuerzo a la Guardia Civil, cuyos efectivos supervisarán inicialmente la labor de los guardas. Sin embargo, a mediados del año pasado admitió que estaba buscando esa salida para facilitar empleo al sector privado, en el que se ha producido un brusco descenso de la ocupación tras el alto el fuego de ETA.
"No se sabe nada de la incorporación", explicaron ayer fuentes policiales, que añadieron que, según los planes iniciales, el despliegue de la seguridad privada tendrá una periodo de prueba de seis meses antes de que se ves incrementado. Fuentes penitenciarias anotaron que Zuera empleará a un máximo de 24 guardas. La plantilla de Daroca tiene una veintena de vacantes, mientras que la de Zuera está prácticamente cubierta al resultar atractivos para los guardias civiles los turnos de doce horas --por los descansos-- a pesar de que en ese destino no cobran el plus mensual de 70 euros de Seguridad Ciudadana.
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