Una división profunda se producirá este jueves, 20 de marzo, cuando se debata para su aprobación definitiva la Ley de Seguridad Privada. El texto salió del Congreso hacia el Senado con la esperanza de que se produjeran cambios. Pero hoy algunos grupos parlamentarios, como el PSOE e Izquierda Plural, denunciarán que los cambios han sido para peor. Se ha eliminado, en efecto, el exceso de competencias de los vigilantes privados, pero se han introducido modificaciones que favorecen el negocio de la seguridad. Y, además, se dificulta la capacidad de ciudadanos, colectivos y organizaciones de convocar manifestaciones y actos. Esta es la denuncia del PSOE, basándose en el artículo que fija que será obligatoria la contratación de vigilancia privada para promotores de eventos, incluidas manifestaciones, concentraciones, mítines y actividades deportivas.
“El Ministerio del Interior, o en su caso, el órgano autonómico competente podrá ordenar que los titulares de establecimientos o instalaciones industriales, comerciales y de servicios y los organizadores de eventos, adopten las medidas de seguridad que reglamentariamente se establezcan”. Así ha quedado redactado el artículo 51 de la ley a su paso por el Senado. Precisamente todo ese artículo, referido a “medidas de seguridad privada”, con ocho apartados, ha sido radicalmente modificado en la Cámara Alta.
La satisfacción inicial por la eliminación de la competencia de la seguridad privada de patrullar por zonas comerciales peatonales, se ha marchitado por este añadido. Para los socialistas e Izquierda Plural significa “alimentar el sector de la seguridad privada y libera al Gobierno de tener que adoptar decisiones para impedir eventos o manifestaciones que les sean molestos”. Esta acusación la formulará hoy el portavoz socialista de Interior, Antonio Trevín, que atribuye al gobierno el interés de favorecer a ese sector pero también de poner dificultades a los grupos, partidos y organizaciones que salen a la calle a protestar. No todos los grupos de la sociedad civil tienen capacidad de pagar seguridad privada y esto es lo que puede ocurrir si el gobierno “lo ordena”, según la interpretación de los socialistas como hoy expondrán en el tramo último de la aprobación de la ley.
Se ha mantenido invariable la capacidad de los vigilantes privados de actuar en la zona perimetral de centros de internamiento de extranjeros y su "participación en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial". La ley saldrá aprobada con los votos del PP, CiU y PNV y el voto en contra del PSOE, Izquierda Plural, UPyD y los partidos del grupo mixto. Para estos la nueva norma “rompe con la concepción de seguridad ciudadana. El Estado se “ha echado a un lado” por razones económicas”, concluye UPyD.
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