ESTAFA: Los sindicatos UGT y CC.OO recibieron tres millones de euros para teleformación.
El fraude de los cursos de formación a distancia también podría estallar en UGT y CCOO. La Consejería de Empleo, dependiente de la Comunidad de Madrid, ha encontrado indicios de presuntas irregularidades en cursos on line realizados por ambos sindicatos con fondos estatales que el Gobierno regional concedió a estas organizaciones en 2011 para realizarlos durante el 2012. En concretohan hallado datos falsos y además no se han localizado las plataformas digitales donde los alumnos entraban para hacer los programas, según fuentes de la investigación regional. La Comunidad va a trasladar la documentación a la Policía y podría pedir la revocación de las ayudas de un millón de euros a CCOO y de dos millones a UGT que recibieron de fondos públicos para la teleformación.
Contestación de CCOO CCOO aseguró anoche que desconocía estas presuntas irregularidades y que los cursos de teleformación pasan por controles exhaustivos:Tribunal de Cuentas, Comunidad y una doble revisión interna del sindicato. «Es más, damos las claves de los servidores a la Consejería de Empleo para que vaya siguiendo el desarrollo de los cursos», señaló un portavoz. El propio sindicato anunció esta semana una rueda de prensa para facilitar todos los datos de los cursos de formación impartidos.
Durante las dos últimas semanas los técnicos de seguimiento de la Consejería han inspeccionado cuatro plataformas de teleformación de CCOO y UGT. En dos de ellas han encontrando indicios de irregularidades, por lo que se ha trasladado la información a la Inspección de Trabajo. En los próximos días también trasladará el caso a la Policía. En las otras dos se han topado con obstáculos para acceder a las plataformas a las que en teoría acceden los alumnos con una clave para los cursos y para contactar con los tutores.A raíz del caso Aneri, la supuesta estafa cometida por un empresario a 26 asociaciones, la Consejera de Empleo, Ana Isabel Mariño, anunció que la Comunidad estaba investigando a un centenar de organizaciones, tanto empresariales como sindicales, que realizaban cursos de formación presenciales y a distancia. Además, propuso al Estado la «revisión de todo el sistema de formación continua para los trabajadores», porque consideraba que no era de recibo que se hayan venido utilizando «esos repartos entre sindicatos y empresarios para intentar de alguna manera controlar la gestión de fondos públicos».
Plataformas Para sorpresa de los funcionarios se han localizado teléfonos falsos de supuestos alumnos entre la documentación aportada por los sindicatos. Asimismo, al acudir a dos de las plataformas empleadas por CCOO y UGT, comprobaron que éstas no cumplían con los requisitos técnicos ni tecnológicos para impartir teleformación. Estas plataformas deben estar preparadas para una interactuación entre alumnos y profesores y para la realización on line de los programas. Pero lo que hallaron fueron simples páginas web con pdf.
También los técnicos intentaron visitar la sede física de otras dos plataformas usadas por los sindicatos. En uno caso se les indicó queel servidor estaba en Logroño y Zaragoza y que, por lo tanto, no se podía acceder, y en el otro se les comunicó que esta inspección debían pedirla por escrito para que fuera estudiada por los servicios jurídicos del sindicato, según las mismas fuentes.
Los funcionarios hablaron con algunas personas que figuraban como alumnos de los cursos sindicales para comprobar que esto fuera así. De forma extraña se toparon con testimonios de personas que explicaron que habían hecho cursos en una de las plataformas tecnológicas que, en cambio, los inspectores dudan seriamente que exista. Además, otros alumnos les contestaron diciendo que estas llamadas de seguimiento y control de parecían más bien una persecución contra los sindicatos.Los técnicos han dado un ultimátum a los responsables de las plataformas para que les den acceso a los servidores donde se han desarrollado los cursos. De no facilitar este acceso, los sindicatos incurrirían en una infracción muy grave tipificada en el artículo 58 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones referida a la resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de control del uso de las subvenciones. Esta infracción está sancionada con una multa de entre el doble y el triple de la subvención concedida y con la imposibilidad de no recibir subvenciones ni contratar con la Administración durante cinco años.
El secretario regional de CCOO. Jaime Cedrún, pidió el pasado martes más control en los cursos de formación para sellar los «agujeros» por los que se han metido «golfos y sinvergüenzas» y se mostró a favor de introducir cambios normativos.
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