Los vigilantes de Alerta y Control, responsables de la seguridad de los Juzgados madrileños, no descartan convocar una huelga contra el recorte de sus salarios
'Vigilantes indignados' rezaba una de las pancartas que se desplegaron ayer frente a los juzgados de Plaza de Castilla. Allí, unos 300 trabajadores de Alerta y Control, responsable de la seguridad de esas dependencias judiciales, protestaban contra el recorte de un 10 por ciento de su masa salarial, según los sindicatos, después de que la dirección de esta empresa de seguridad privada se haya descolgado del convenio colectivo firmado recientemente por el resto de las empresas del sector.
Alerta y Control emplea actualmente a más de 700 vigilantes de seguridad en los juzgados de la Comunidad de Madrid, así como en hospitales públicos como el Doce de Octubre y recintos del Ayuntamiento de Madrid como el Madrid Arena. «Su principal cliente es la Comunidad de Madrid, y muchos servicios esenciales de la región se ven afectados por este conflicto», afirma Rafael Saldaña, del Sindicato Libre de Seguridad, el mayoritario en los Juzgados de Plaza de Castilla.
La empresa plantea a toda su plantilla «diversas inaplicaciones salariales, supresiones de días de vacaciones, congelación de completos y aumentos de jornada», revela CCOO, que en suma supone ese 10 por ciento de pérdida de masa salarial en trabajadores «que rondan como media los 900 euros al mes», según Saldaña. Aunque en algunos casos, la nómina es incluso menor. «La verdadera problemática es que nos estamos partiendo la cara por 700 euros, y además con la incomprensión de la gente, para los que seguimos siendo sólo 'seguratas' de mierda», lamenta un vigilante que expone el riesgo de su trabajo recordando el fallecimiento de un compañero en 2005 tras ser golpeado por un grupo de jóvenes en el Doce de Octubre.
A la sensación de agravio por trabajar en la «única empresa descolgada del nuevo convenido colectivo», la plantilla de Alerta y Control, perteneciente al grupo empresarial PJC, añade argumentos a su protesta. «Es una empresa que trabaja sobre todo con la administración pública, y cuando gana los concursos ya sabe el dinero que va a recibir para los salarios. Y ese dinero se lo quiere ahorrar», denuncian desde el Sindicato Libre de Seguridad, donde aseguran que Alerta y Control obtuvo beneficios el pasado curso. «No tienen justificación para hacerlo. Nos han dicho que la Reforma Laboral les da estas facilidades y que lo van a aprovechar», aseguran.
«Eso no es cierto, el año pasado cerramos con pérdidas de unos 600.000 euros», replica el director de Alerta y Control, Juan pedro del Castillo, que defiende la propuesta de la empresa como una cuestión de viabilidad. «No somos la única empresa que se ha descolgado del convenio, porque el año pasado se nos impuso por ley un incremento de los costes salariales. En cualquier caso, no queremos imponer una rebaja salarial de forma unilateral, por eso estamos negociando con ellos», añade del director de la empresa.
No les queda mucho tiempo, porque el periodo de consultas finaliza este mismo viernes. Los trabajadores advierten que no van a aceptar el recorte de su salario. «Vamos a continuar con las movilizaciones, incluso promoveríamos una convocatoria de huelga, incumpliendo los servicios mínimos, porque siempre nos imponen un 85 por cierto», señalan desde el Sindicato Libre de Seguridad.
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