Fue uno de los compromisos de Mariano Rajoy en el reciente Debate del Estado de la Nación, aprobar este año una reforma de la formación profesional bajo el modelo de la libre concurrencia. Y las negociaciones entre el Ministerio de Empleo y los agentes sociales han alcanzado ya un principio de acuerdo bajo la fórmula de permitir a las empresas hacer formación directa sin la intermediación de patronales ni de sindicatos, lo que supondría un cambio radical en el sistema de formación español, para aproximarse al modelo alemán.
El borrador de la reforma que el Ministerio de Empleo ha entregado a los agentes sociales propone "una formación programada por las empresas que sea la vía para dar respuesta a las necesidades inmediatas relacionadas con adaptaciones en los procesos productivos y en la organización del trabajo". Junto a la formación directa en las empresas la propuesta del Gobierno incluye "una formación programada por las Administraciones competentes para dar cobertura a las necesidades que no atiende la programación empresarial, tanto para trabajadores ocupados, como desempleados".
Estas acciones formativas deberán anticipar cambios en los sistemas productivos y promover la adquisición de nuevas competencias profesionales, prever vías eficaces para la reorientación de trayectorias y cualificaciones profesionales ante cambios tecnológicos y situaciones de crisis o reestructuración y permitir el cumplimiento de itinerarios formativos . Desde el Ministerio de Empleo la única condición que se impone en la negociación es que el nuevo modelo de formación está inspirado en tres principios básicos: libre concurrencia, máxima transparencia y evaluación permanente.
Para ello, la gestión de la formación dejará de ser competencia directa de la Fundación Tripartita, integrada por la Administración y los agentes sociales, para pasar a ser competencia de la empresas especializadas. De esta forma, los sindicatos y las organizaciones empresariales dejarían de ser los perceptores de las subvenciones para formación, que se adjudicarían, una vez entrada en vigor la reforma, a las empresas adjudicatarias de los programas y proyectos en un proceso de libre concurrencia.
Con este cambio, la función de los sindicatos y de las patronales se limitará exclusivamente a participar en la "planificación, programación y diseño del sistema, actividad que tendrán que compartir con el Gobierno y con otros agentes que se incorporan al sistema como son las comunidades autónomas, organizaciones representativas del trabajo autónomo y de la economía social y las empresas privadas especializadas en la formación. En materia de la financiación de esta nueva Formación Profesional para el Empleo, el proyecto del Ejecutivo plantea incluye "a determinación de una financiación pública ajustada a las necesidades de empresas y trabajadores que permita la anticipación y la estabilidad del sistema de formación profesional para el empleo".
Esta financiación, incluirá los fondos provenientes de la cuota de formación profesional; las aportaciones del Servicio Público de Empleo Estatal y de las comunidades autónomas; y los fondos provenientes del Fondo Social Europeo o iniciativas europeas específicas, como la Iniciativa de Empleo Juvenil". La gestión de esta financiación se realizará siempre con plenas garantías de concurrencia, transparencia y de buena gestión ".
Con el nuevo modelo, la Fundación Tripartita seguiría existiendo aunque deberá revisar su naturaleza institucional y revisar sus funciones que se centrarán en el "proceso de gestión, seguimiento y control de las iniciativas". Además, la Fundación deberá contar con la participación de las comunidades autónomas manteniendo la participación de las organización sindicales y empresariales e incorporando a profesionales de reconocido prestigio que aporten su experiencia.
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