Un sector en que esta semana se han centrado las miradas después de que el Congreso de los Diputados aprobara el proyecto de la nueva ley de Seguridad Privada, que ahora tendrá que pasar el trámite del Senado, y que ha suscitado el recelo del principal partido de la oposición y de los sindicatos policiales y de clase al considerar que favorece la iniciativa privada. Y no solo eso. Para algunos supondrá la subordinación de la seguridad pública a la privada e, incluso, la privatización de servicios hasta ahora reservados a la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Sin embargo, el sector se defiende, niega la mayor y dice, en boca del secretario general de Aproser, Eduardo Cobas, que en ningún caso los vigilantes privados sustituirán a los agentes de la seguridad pública y que tampoco la futura ley vendrá a solucionar los problemas del sector. A finales de 2012, había registradas en España 1.490 empresas y una de cada cinco se dedica a la vigilancia, el subsector más importante en facturación porque aporta el 65 por ciento del total, mientras que el resto corresponde a sistemas de alarma y transporte de dinero y objetos valiosos, entre otros.
Tan solo cuatro de ellas cuentan con más de 5.000 trabajadores y siete de cada diez tiene entre uno y 19 asalariados, según datos que Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad ha facilitado a Efe. Pese a que hay más de 220.000 vigilantes habilitados, a 31 de diciembre del pasado año solo 82.150 estaban en activo, la mayoría con contrato indefinido y una media de 8,2 años de servicio. Cobas completa esta radiografía con los datos negativos de la facturación del sector, que este año volverá a caer -calcula que un 8 por ciento- para cerrar con una cantidad inferior a los 3.000 millones, lejos de los 3.600 millones en los que el Ministerio del Interior ha cifrado el volumen de negocio de estas empresas.
Descenso sostenido en los últimos años por culpa no solo de la caída de los contratos privados, que representan el 22 por ciento de la actividad, sino sobre todo por la disminución de los públicos (el 78 por ciento del total). "Hemos sufrido la caída de la demanda", lamenta Cobas en declaraciones a Efe, en las que recuerda que la crisis ha provocado en el sector daños colaterales porque "se han abierto menos centros comerciales y finalmente no se han puesto en servicio los nuevos aeropuertos, sin olvidar el estancamiento del ladrillo". Gracias a la nueva ley se podría paliar en parte esta situación, pero apenas sería un parche porque solo la salida de la crisis y la vuelta al crecimiento económico, en tasas de entre el 2,5 y el 3 por ciento en el PIB, devolvería al sector a épocas mejores.
Independientemente de las grandes cifras, Cobas quiere dejar claro que la seguridad privada en España es de calidad y, de hecho, los vigilantes son "con rotundidad" lo mejor preparados de Europa, en centros que controla el Ministerio del Interior y con exámenes que evalúa la Policía Nacional y actualización periódica de conocimientos. Frente a las críticas que ha suscitado la posibilidad de que los vigilantes detengan en la vía pública, el secretario general de Aproser recuerda que todos los ciudadanos tienen el deber de hacerlo si presencian un delito flagrante y asevera que en ningún caso usurparán las funciones de policías y guardias civiles.
Mientras finaliza el trámite parlamentario y en espera del texto final, Aproser valora del proyecto las medidas contra el intrusismo, la ampliación de las vías de acceso a la profesión, la protección jurídica de los vigilantes cuando actúen como agentes de la autoridad y su adaptación a los nuevos tiempos. No les convence el régimen sancionador para las compañías que no cumplan con determinados trámites burocráticos ni las actividades compatibles con los vigilantes, que pueden abrir un resquicio a la entrada en el sector de personal no cualificado.
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