La nueva norma les habilita a detener a personas y a patrullar por la vía pública. Según el proyecto de ley de seguridad privada, "pueden complementar" al Estado
El proyecto de ley sobre seguridad privada elaborada por el Gobierno del PP y que fue aprobado el martes en el Congreso permitirá que, en caso de considerarlo necesario, la autoridad competente "el ministerio o una consejería de Interior" puedan reclutar a agentes de seguridad privada para que refuercen en determinados dispositivos a la Policía Nacional o autonómica, o la Guardia Civil. Así, la futura norma señala que "cuando así se decida por la autoridad y cumpliendo estrictamente las órdenes e instrucciones de las Fuerzas de Seguridad del Estado competentes" los vigilantes podrán "participar en las prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial".
Cuando actúen bajo el mando de las fuerzas de seguridad, pasarán a "tener la protección jurídica análoga a la de los agentes", con lo que un insulto o una agresión pasaría a ser atentado a la autoridad. Aunque el texto prohíbe a la seguridad privada "intervenir en reuniones y manifestaciones", ese veto es solo mientras "estén ejerciendo los servicios y funciones que les son propios". Al no aclarar si esa prohibición persiste en el caso en que recurran a ellos la fuerza pública, este proyecto de ley abre la puerta a que los vigilantes privados sí puedan ser usados en manifestaciones.
CESIÓN DE DATOS El proyecto permite que las fuerzas de seguridad del Estado compartan información con las empresas de seguridad privada. Podrán facilitar al personal de seguridad privada informaciones que faciliten su evaluación de riesgosO. Y llega a permitir que se les cedan datos personales en caso de peligro real para la seguridad pública o para evitar la comisión de infracciones penales". Con todos estos cambios, el proyecto de ley pone sobre la mesa una transformación radical del papel de la seguridad privada, a la que pasa a dotar de muchos más poderes y facultades sin reclamarle en cambio requisitos adicionales a nivel de formación. Así, a los agentes de seguridad privada se les permite detener, algo que ahora les estaba vetado, a ciudadanos en la vía pública y no solo en la instalación que ellos custodian. Eso es posible por un redactado muy ambiguo, en el que detener a alguien en la calle, lo señala el vago concepto de "la realización de actividades directamente relacionadas con sus funciones".
Su filosofía queda clara en la exposición de motivos: eleva la seguridad privada a la consideración de "integrante de la pública" y se la califica de "verdadero actor de las políticas" de seguridad. Se "pasa de poner el acento en el principio de subordinación" de la privada a la pública "al de complementariedad". Ha sido criticado por las entidades de defensa de los derechos humanos y los sindicatos policiales. "Es muy preocupante que se abra la puerta a que se pueda recurrir a vigilantes de seguridad", comenta el abogado Andrés García Berrio, de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura. Alerta de que "es inconstitucional" que "puedan detener", porque "la privación a una persona de un derecho fundamental (la libertad) solo puede hacerlo un agente de la autoridad pública". Un portavoz de la Agrupación Unificada de Guardias Civiles alertó de que este "es el primer paso visible de privatización de la seguridad pública". Se quiere suplir el déficit que hay de agentes. "Cada año se jubilan 4.000 y solo salen 500 plazas".
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