UGT, CCOO y CSIF han convocado una concentración mañana a la entrada del centro penitenciario de Cáceres, entre otros del país, en protesta por el plan del Ministerio del Interior de sustituir funcionarios por vigilantes de empresas privadas en las prisiones, así como por las condiciones de los trabajadores. En un comunicado conjunto, en el que llaman a los trabajadores para participar en la concentración, UGT y CCOO piden la "paralización del proceso de privatización de Instituciones Penitenciarias, que se ha iniciado con la seguridad exterior" y "los empleados públicos necesarios para garantizar el correcto desarrollo de nuestro servicio público y que se aborde el déficit estructural de personal, agudizado por la falta de OEP, la inexistencia de tasa de reposición y el envejecimiento de la plantilla".
En términos parecidos se expresa CSIF que alude al "proceso de privatización" en las cárceles, iniciado en principio con los agentes encargados de la seguridad exterior y a "la situación deficitaria" de las plantillas como las causas de las movilizaciones. Según el plan de Interior, los vigilantes privados sustituirán a efectivos de la Guardia Civil en trabajos "auxiliares" como la vigilancia del perímetro exterior o el control de las cámaras de seguridad en 21 centros penitenciarios. Así, el CSIF rechaza la congelación de las ofertas públicas de empleo, la no apertura de nuevos centros (centros de nueva construcción que permanecen cerrados) y "la campaña de desprestigio" iniciada contra el colectivo de funcionarios.
En términos parecidos se expresa CSIF que alude al "proceso de privatización" en las cárceles, iniciado en principio con los agentes encargados de la seguridad exterior y a "la situación deficitaria" de las plantillas como las causas de las movilizaciones. Según el plan de Interior, los vigilantes privados sustituirán a efectivos de la Guardia Civil en trabajos "auxiliares" como la vigilancia del perímetro exterior o el control de las cámaras de seguridad en 21 centros penitenciarios. Así, el CSIF rechaza la congelación de las ofertas públicas de empleo, la no apertura de nuevos centros (centros de nueva construcción que permanecen cerrados) y "la campaña de desprestigio" iniciada contra el colectivo de funcionarios.
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