Una norma «apañada y pactada para favorecer a sindicatos como UGT y CCOO». La Asociación de Profesionales de Andalucía Orienta (APAO) denunció que la Junta de Andalucía ha cambiado la orden que regula las subvenciones de los programas de orientación profesional y políticas activas de empleo para que los criterios de adjudicación «favorezcan de manera desmedida a organizaciones sindicales como UGT y CCOO», al tiempo que discrimina «a ayuntamientos, gobernados en su mayoría por el PP, tras las últimas elecciones municipales», según la APAO. La Junta publicó en una orden el pasado 9 de abril las nuevas bases reguladoras para repartir 50 millones de euros en ayudasprovenientes de fondos europeos y estatales. Un jugoso montante, que quedará ahora en manos de «entidades afines al Gobierno andaluz», denunciaron los profesionales andaluces de orientación laboral. El colectivo abundó que un proceso de concurrencia competitiva legalmente conlleva que «todos los proyectos serán evaluados bajo los mismos criterios, teniendo todos los proyectos presentados las mismas oportunidades», una cuestión que ponen en duda con la aplicación de esta norma.
Criterios discriminatorios Así, entre los criterios más valorados está la expansión territorial de la entidad objeto de la subvención en la comunidad autónoma, una condición «claramente discriminatoria, ya que no es posible que un ayuntamiento o una mancomunidad la cumpla —a pesar de que son los que mejor conocen el mercado laboral de un territorio y las problemáticas de los ciudadanos— y sí otras entidades como los sindicatos», criticaron desde la asociación.
Otro de los aspectos que puntúa la orden es la experiencia en la gestión de políticas activas de empleo en los últimos cuatro años. En este sentido «es conocida la forma de repartir cursos de formación y otras políticas por parte de la Junta de Andalucía», apuntaron fuentes del colectivo. «Muchas entidades especializadas en la orientación laboral que no han podido desarrollar estos programas —aunque los habían solicitado en diversas convocatorias— por falta de afinidad con el Gobierno, ahora vuelven a ser perjudicadas», denunciaron los técnicos de la asociación, mientras que «se beneficia a importantes organizaciones que firman acuerdos de concertación social y a otras entidades afines a la administración».
La norma valora también las horas de atención directa, en detrimento del número de personas atendidas, «un aspecto que debería ser imprescindible para ver la actividad que tiene una entidad y por tanto la necesidad o no de que siga prestando el servicio», explicaron desde la APAO. Así, según los cálculos de esta organización, un ayuntamiento o una mancomunidad obtendría menos puntos para ser elegida como beneficiaria de los fondos que un sindicato, que una confederación empresarial, o que una entidad social cuyos objetivos iniciales han sido los jóvenes en riesgo de exclusión social, un ámbito que nada tiene que ver con la orientación laboral. De igual modo, una organización agraria «obtendría mayor puntuación que una entidad especializada en la orientación profesional», denuncian.
Por último, desde la asociación de profesionales de Andalucía Orienta consideraron «muy llamativo» que organizaciones como UGT, que inicialmente habían renunciado a solicitar la subvención con la normativa anterior, «sí lo han hecho al producirse un cambio en los criterios», aunque «este año ha presentado un ERE sobre 130 trabajadores de estos programas argumentando que la Junta de Andalucía dejaría de subvencionarlos».
No hay comentarios:
Publicar un comentario