Las empresas de seguridad privada de Cataluña han recibido la notificación por la cual sus vigilantes están obligados a llevar en este mes de septiembre la placa de Vigilante de Seguridad en catalán, aplicando así la orden de la Consejería de Interior de 17 de enero de 2012 por la cual se regula el distintivo de las personas vigilantes de seguridad privada. Esta normativa, publicada en el DOGC el 9 de febrero de 2012, regula las características de los distintivos de estos trabajadores, especificando que "en la parte superior del anverso del distintivo tiene que figurar la expresión en catalán 'vigilant de seguretat', o la de 'vigilant d'explosius', según corresponda, y en la parte inferior tiene que llevar grabado el número de habilitación".
La Generalidad de Cataluña dispone de competencias en materia de seguridad privada de acuerdo con el artículo 163 del Estatuto de autonomía aunque, para el sindicato Manos Limpias, esta orden "sobrepasa las atribuciones concedidas al respecto, puesto que se ha producido unuso abusivo de las competencias en materia de Seguridad Privada". El colectivo de funcionarios públicos interpuso una denuncia en abril del mismo año ante el Ministerio de Interior contra el entonces consejero de Interior catalán, Felip Puig, por aprobar esta orden "con evidente abuso del derecho en cuanto a las competencias cedidas en esta materia por el Gobierno Central".
Además, denunciaba el sindicato que con la nueva normativa "No se respeta la obligatoriedad de figurar la expresión en español, puesto que en el distintivo sólo figura la expresión en catalán 'vigilant de seguretat'". Por todo ello, Manos Limpias pedía al ministro de Interior que se anulase esta norma.
FUENTE: dialogolibre.com AQUÍ
La Generalidad de Cataluña dispone de competencias en materia de seguridad privada de acuerdo con el artículo 163 del Estatuto de autonomía aunque, para el sindicato Manos Limpias, esta orden "sobrepasa las atribuciones concedidas al respecto, puesto que se ha producido unuso abusivo de las competencias en materia de Seguridad Privada". El colectivo de funcionarios públicos interpuso una denuncia en abril del mismo año ante el Ministerio de Interior contra el entonces consejero de Interior catalán, Felip Puig, por aprobar esta orden "con evidente abuso del derecho en cuanto a las competencias cedidas en esta materia por el Gobierno Central".
Además, denunciaba el sindicato que con la nueva normativa "No se respeta la obligatoriedad de figurar la expresión en español, puesto que en el distintivo sólo figura la expresión en catalán 'vigilant de seguretat'". Por todo ello, Manos Limpias pedía al ministro de Interior que se anulase esta norma.
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