Los ejecutivos central y autonómico han gastado en la última década más de 1.000 millones de euros para arrendar los servicios de seguridad de los amenazados por ETA.
El Gobierno vasco ha finiquitado los últimos contratos que le unían a las empresas privadas de seguridad que han proporcionado escoltas a las personas amenazadas por ETA durante las últimas décadas. A partir de este momento, aproximadamente 70 cargos políticos y representantes institucionales seguirán teniendo derecho a guardaespaldas en Euskadi, pero de esta función se encargarán miembros especializados de la Ertzaintza.
La supresión definitiva de las últimos escoltas de estas características en el País Vasco, que ha formado parte de un proceso progresivo de reducción de la vigilancia privada que ha durado varios años, es una decisión cargada de simbolismo, que se ha visualizado esta semana con la eliminación de la protección a la cúpula judicial de Euskadi. Para empezar, evidencia que la amenaza que ETA se encargó de extender a la inmensa mayoría de la sociedad empieza a formar ya parte del pasado. La amenaza terrorista obligó a velar por la seguridad de altos cargos políticos y judiciales, pero también obligó a proteger a cientos de empresarios, concejales, periodistas… Hasta el cese definitivo de la violencia, en octubre de 2011, casi 1.500 personas tuvieron que vivir con escolta. Se hizo necesario un ingente despliegue de seguridad que fue creciendo además a medida que ETA iba agrandando su abanico de objetivos y que supuso un enorme esfuerzo económico por parte de las administraciones públicas.
Las cifras impresionan, aunque resulta complicado cuantificarlas con precisión por el número de administraciones implicadas y por la gran cantidad de presupuestos dedicados a este fin, que tuvieron que ser ampliados año tras año porque esta amenaza fue durante muchos lustros por delante de los cálculos de las instituciones. Un primer vistazo a la hemeroteca permite concluir que, sólo en los últimos diez años, la suma de los presupuestos dedicados exclusivamente a escoltas privados por los gobiernos central y vasco supera ampliamente los 1.000 millones de euros. Esta cantidad no incluye otras partidas relacionadas con la seguridad y con las consecuencias del terrorismo, como son la protección de las sedes de los partidos políticos, los desembolsos para ayudar a las víctimas de la violencia de persecución y los gastos policiales derivados de la existencia de ETA.
Es decir, proteger a los amenazados de la violencia etarra con profesionales privados ha supuesto para las arcas públicas más dinero que el coste de la Supersur –la infraestructura más cara construida jamás en Bizkaia (1.000 millones)– o ha representado un desembolso similar a construir cinco edificios como la torre Iberdrola (unos 240 millones) y cinco o seis estadios como el nuevo San Mamés (unos 180 millones).
Los escoltas empezaron a generalizarse en la sociedad vasca a mediados de la década de los noventa. A medida que ETA intensificaba su hostigamiento hacia distintos sectores de la sociedad, las estimaciones presupuestarias de los gobiernos empezaron a multiplicarse al mismo tiempo que el número de efectivos policiales dedicados a la protección de personalidades se revelaba insuficiente. El año 2001, por ejemplo, el Departamento vasco de Interior presupuestó un gasto de cinco de millones de euros, pero acabó asumiendo un desembolso seis veces mayor de lo previsto, 29 millones. El Ministerio del Interior, por su parte, tuvo que aprobar ese mismo año un crédito extraordinario de 15 millones de euros al verse desbordado por las peticiones de protección y por la decisión de duplicar el número de guardaespaldas.
Reducción progresiva Dos años después, el gasto anual superaba los 122 millones sumando los presupuestos de ambas administraciones, que en virtud de los acuerdos de «delimitación de servicios» de 1995 se repartían los gastos derivados de la protección de los amenazados. A partir de ese momento, lejos de rebajarse, la inversión se mantuvo estable o siguió aumentando en algunos ejercicios. El tope llegó en 2010, cuando el Ejecutivo autonómico asignó en sus cuentas una partida de 140 millones de euros. En aquel año unas 1.500 personas tenían protección. Era habitual que a cada amenazado de alto riesgo se le asignarán tres guardaespaldas, dos en servicio y uno descansando, y un coche. El coste de una protección privada de alto nivel podía rondar los 350.000 euros anuales, según las fuentes consultadas por este periódico.
El Gobierno del PSE empezó a finales de 2010 –en un momento en el que la amenaza de ETA empezaba a languidecer– un proceso progresivo de reducción de escoltas, que en la práctica se ha alargado hasta este año. El plan comenzó con los antiguos cargos, ya desvinculados de la política o de sus anteriores funciones, a quienes se seguía prestando la misma protección que cuando se encontraban en primera línea. La reducción fue extendiéndose progresivamente a otros sectores sociales y a cargos políticos en activo rápidamente. De hecho, en el verano de 2011, poco antes del cese definitivo de ETA, la Ertzaintza decidió dedicar a la protección de mujeres maltratada a unos 180 ertzainas formados para ser escoltas. En este contexto, en los Presupuestos vascos de 2012 se reservaron 36 millones de euros y en las cuentas de este año, ya con el PNV en el Ejecutivo, esta cifra se ha limitado a los 9 millones, un 73% menos, una cifra en la que también se incluye la protección de las mujeres amenazadas.
La consejería de Seguridad, a cargo de Estefanía Beltrán de Heredia, ha concluido este proceso y ha optado limitar la seguridad a los cargos de máxima representación institucional –consejeros, diputados generales, presidente del Tribunal Superior y fiscal superior– y a algunos casos concretos. Un proceso que, en todo caso, no ha dejado indiferente a nadie y ha levantado ampollas entre muchos de los afectados.
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