CSIF considera que la incorporación del personal de seguridad privada a la prisión de Córdoba supone un menosprecio a los servicios prestados por las Fuerzas de Seguridad del Estado.
La Guardia Civil ha sido, desde que la prisión de Córdoba comenzó a llenar sus celdas, el Cuerpo de seguridad encargado de la vigilancia exterior del complejo estanco. Pero desde hace unos meses, cuenta con un refuerzo no deseado por la Benemérita: el de una decena de guardias privados. Esta iniciativa forma parte de un proyecto piloto puesto en marcha por el Gobierno en 21 centros penitenciarios. Fue en marzo de 2012 cuando se redujo a la mitad el número de escoltas en el País Vasco y Navarra —guardaespaldas privados subvencionados por la Administración—. Entonces, Interior ya anunció que los guardaespaldas que se habían quedado sin trabajo podrían optar a funciones de vigilancia en cárceles de toda España. Sustituirían a policías y guardias civiles, que pasarían a reforzar la seguridad ciudadana. Calculaba entonces el ministerio que unos mil agentes públicos podrían dejar sus puestos en las prisiones. Un mes después, el entonces secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, introdujo en la Comisión de Interior del Congreso una nueva variable: que los vigilantes privados sustituyeran también a funcionarios de prisiones.
Sin embargo, dicha experiencia no supondrá, en principio, una reducción de efectivos de las unidades del Instituto Armado. Sin embargo, a la Asociación Unificada de Guardias Civiles no le cabe ninguna duda de que «la intención del Gobierno es llevar a cabo en un futuro no muy lejano esa sustitución progresiva, porque de no ser así no habría adoptado la medida, sobre todo teniendo en cuenta que la Unidad de Seguridad Penitenciaria de Córdoba (igual que las otras afectadas) no precisa actualmente ningún refuerzo, y mucho menos de vigilantes de seguridad privada».
La AUGC va más allá y denuncia que «el deseo del Gobierno del PP de ‘recolocar’ al personal de las empresas de seguridad privada afectado por la reducción de escoltas en el País Vasco no era sino una burda excusa para llevar a cabo la privatización de la seguridad en los centros penitenciarios, porque no son esos escoltas los que van a incorporarse a las prisiones afectadas, sino vigilantes de varias empresas de seguridad privada que han constituido una UTE (unión temporal de empresas) para hacerse con este suculento negocio». Según AUGC, «cuando este plan de privatización avance y entre en fase de ‘sustitución progresiva’, afectará a cerca de 2.000 guardias civiles en todo el país, de los cuales más de 60 se encuentran destinados en prisión de Córdoba».
«Un claro menosprecio» Por su parte, la sección sindical del CSIF de Córdoba considera que esta medida de reciente aplicación supone un «menosprecio a los servicios prestados por las Fuerzas de Seguridad del Estado y afecta a los servicios desempeñados por los funcionarios de Instituciones Penitenciarias». Esta «privatización» de la seguridad, aseguran los sindicatos, «no solventa la situación de la falta de personal en los centros penitenciarios, pues las funciones desempeñadas por los profesionales están conexionadas con los diferentes puestos, que no son estáticos. por lo que generará disfunciones regimentales».
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