Alberto Ruiz-Gallardón, siendo alcalde del Ayuntamiento de Madrid, concedió más de veinte contratos a una empresa de seguridad vinculada al extesorero del PP Álvaro Lapuerta y al exgerente Luis Bárcenas. La sociedad Serygur, una desconocida en el sector y sin ninguna trayectoria profesional, obtuvo, entre 2006 y 2009, adjudicaciones para la vigilancia de edificios municipales por un importe de diez millones y medio de euros. Sólo en 2006 -el ejercicio más productivo- Serygur logró contratos por más de cuatro millones de euros, casi la mitad de los ingresos de la sociedad en ese año. La cifra superaba con creces los ingresos de ejercicios anteriores y llegó a provocar suspicacias y protestas por parte de empresas mucho más consolidadas del sector de la seguridad.
El acceso a contratos millonarios de Serygur en la corporación local, presidida por Ruiz-Gallardón, se debía no sólo a la influencia de la dupla Lapuerta-Bárcenas, sino también a la participación en la sociedad de otros dos pesos pesados del Partido Popular: Álvaro de la Cruz e Ignacio del Río. El primero, con un amplio historial en el PP como jefe de Gabinete del secretario general Francisco Álvarez Cascos (1989/1992), director de Innovación Tecnológica y secretario de Comunicación. El segundo, tras su paso por el Ayuntamiento de Madrid como teniente alcalde de Urbanismo, entre 1995 y 2003, durante el mandato de Álvarez del Manzano, el predecesor de Gallardón. Ambos conocían de sobra las interioridades del Partido Popular y del consistorio madrileño para acceder a las ofertas públicas de los contratos de vigilancia.
El onubense Álvaro de la Cruz, que en 1982, a los 24 años, inició su carrera política en la sede de Génova, sumaba a sus cargos en el PP el de secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).En el sumario de la Gürtel figura como el responsable de la adjudicación a la empresa de Francisco Correa, Special Events, de la organización de las asambleas de este organismo en 1999 y 2003 por 800.000 euros. En esos años, Correa mantenía unas excelentes relaciones con Bárcenas y, con la ayuda de este, facturaba centenas de miles de euros a la contabilidad de Génova. El extesorero, a cambio, era recompensado, como demuestran los documentos del sumario de la Gürtel.
Gracias a esas intermediaciones, Serygur pudo obtener también contratos tan sustanciosos en el Ayuntamiento -ver gráfico- como la Agencia de Empleo de Madrid por 2,5 millones de euros; el distrito de La Latina por 1,1 millones; el edificio del área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales por 0,6 millones; la Dirección General de Patrimonio Verde por 0,5 millones o el Organismo Autónomo de Madrid Salud por 0,8 millones. En 2006, obtuvo adjudicaciones por un importe de 4.046.166,15 euros; en 2007, por 1.310.684,04; en 2008, por 3.313.877,24 y en 2009, por 1.149.420,37, según un pormenorizado estudio realizado por El Confidencial a partir de los concursos municipales publicados en el Boletín Oficial del Estado y adjudicados en esos años.
En el Ayuntamiento de Madrid señalan que todas las adjudicaciones se concedieron dentro de la legalidad, a partir de concursos públicos y con criterios técnicos y económicos. Según un portavoz municipal, "cada contrato obtenido por Serygur pertenecía a un área de Gobierno o un distrito diferente y tanto los órganos de contratación como las mesas de adjudicaciones eran autónomas". En aquellos años, la hoy alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y otros miembros del actual consistorio ya formaban parte del Ayuntamiento, tras las elecciones de 2003. Botella, desde 2007, se encargó del Área de Medio Ambiente.
De la Cruz, Bárcenas y la Gürtel Álvaro de la Cruz mantenía, asimismo, una excelente relación con Jesús Sepúlveda, el exalcalde Pozuelo de Alarcón y exmarido de la ministra de Sanidad Ana Mato, imputado en el sumario de la Gürtel. Sus vínculos quedaban sellados a través de la fundación municipal Pozuelo Siglo XXI, de la que De la Cruz era director general. En un informe elaborado por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) en mayo de 2009, tres meses después de estallar el caso Gürtel, los agentes policiales le atribuyen a De la Cruz el cobro de 30.000 euros de la caja B de Correa, según la documentación intervenida en sus oficinas de la calle Serrano de Madrid. El informe policial mantiene que De la Cruz esapoderado de varias sociedades de seguridad, entre ellas Serygur (Alium) y otras afines y concluye que “está vinculado a Luis Bárcenas”. Según las investigaciones de la Policía, el extesorero del PP, en la actualidad en la cárcel de Soto del Real, presionó en 2007 a la Comunidad de Madrid para obtener contratos a favor de De la Cruz y Serygur. Fuentes del Partido Popular en Madrid afirman que Bárcenas y Lapuerta buscaban las adjudicaciones "por su propio interés".
Ademas de apoderado de Serygur (Alium) desde 2007, Álvaro de la Cruz compartía el mismo cargo en otras sociedades del grupo como Serycur, Protecny Segurity o Facilita Servicios Auxiliares. Todas ellas estaban centralizadas en un mismo domicilio social y vinculadas a la sociedad que conseguía los contratos millonarios en el consistorio madrileño. Se da la circunstancia de que el ex alto cargo popular aparece en el registro mercantil como administrador de todas esas sociedades con el nombre de "Álvaro Cruz". Sin embargo, cuando inscribe su nombre en otras dos empresas, exclusivamente de su propiedad -InternetXXI Soluciones Tecnológicas Avanzadas y Ciudad21 Foro de Innovación Local-, sí lo hace con la preposición y el artículo "de la".
Ni Álvaro Lapuerta ni Bárcenas figuran en el registro mercantil como socios, apoderados o administradores de Serygur (Alium). Tampoco Ignacio del Río. En todas las sociedades del grupo, desde su constitución en 1989, aparece como administrador único un empresario de perfil bajo: José Luis Cuadros Arias. Sin embargo, Cuadros es todo un desconocido en el sector de las empresas de seguridad. Si se pregunta por él, todos coinciden en su condición de hombre pantalla. El Confidencial ha podido verificar, empero, en fuentes de la propia compañía y del sector de la seguridad que el extesorero y el exgerente del PP participaban en el negocio de la sociedad. No se ocultaban a la hora de negociar contratos -gestiones que las realizaban en persona- y se valían de su posición dentro de partido para obtener adjudicaciones de las Administraciones regional y local de Madrid. Y, aunque en esas fechas los populares habían sido desalojados de la Moncloa, Serygur también obtuvo importantes adjudicaciones de la Administración central.
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