La empresa ha asumido con efectos desde agosto de 2017 la factura de la subida mensual de 200 euros a los vigilantes decretada para resolver la crisis
Aena asumirá finalmente una buena parte de la factura extra generada para Eulen por el laudo arbitral dictado el pasado verano por el presidente del Consejo Económico y Social, Marcos Peña, que sirvió para poner fin al conflicto laboral desatado por las condiciones laborales de los vigilantes de los controles de seguridad del aeropuerto de El Prat. Un conflicto que se prolongó durante todo el mes de agosto y que sumió al aeropuerto barcelonés en el caos en plena temporada alta y en medio de un contexto político de alto voltaje.
Según han confirmado a La Información fuentes de Aena, el gestor aeroportuario ha iniciado los trámites para compensar a la empresa concesionaria por el coste derivado del complemento salarial de hasta 200 euros al mes decretado por el laudo para resolver el conflicto laboral de los vigilantes, que no estaba prevista en el pliego de contratación del servicio, ni cuantificada en el precio por el que este contrato salió a adjudicación, y que desde el pasado mes de septiembre (pero con efectos desde el 4 de agosto) estaba asumiendo la empresa de servicios. De hecho, este mismo lunes la presidenta del gigante de los servicios, María José Álvarez, se quejaba amargamente en un almuerzo organizado por la Deusto Business School e ICADE Business School de que su compañía hubiera tenido que asumir íntegramente la factura derivada de "una huelga politizada" y de que tanto la Generalitat, como el Ministerio de Fomento o la misma Aena se hubieran desentendido de la resolución económica del conflicto, lo que invita a pensar que en la empresa de servicios no conocían a día de ayer la intención del gestor aeroportuario de asumir parte de esa factura.
La compensación que abonará Aena será en todo caso parcial. Alcanzará al coste extra generado para la empresa concesionaria por la asunción del complemento salarial mensual de hasta 200 euros decretado por el laudo, pero no enjugará los eventuales sobrecostes derivados de otras medidas como los refuerzos de plantilla establecidos para los periodos de mayor tráfico en el aeropuerto, la extensión del plus de radioscopia a todos los vigilantes (no únicamente a los que trabajen en los arcos de seguridad y por el tiempo que estén en ese puesto como pedía Eulen) y la formación en radioscopia para los vigilantes.
Una compensación imprevista La empresa concesionaria, Eulen, había perdido ya la esperanza de recuperar aunque fuera una parte de los costes adicionales generados por el conflicto de agosto sobre el contrato de seguridad de El Prat. Fuentes de la compañía consultadas por La Información durante la tarde ayer aseguraron desconocer que Aena estuviera trabajando en una compensación y la propia presidenta de la compañía, como ya se ha referido, ejemplificó con este caso la deriva que están experimentando los contratos de servicios en España.
María José Álvarez incidió, de hecho, de una manera genérica sobre el particular en el almuerzo organizado por Deusto e Icade. "Hay contratos de servicios en sectores de alto riesgo, sectores que son estratégicos, que o se prestan de una manera seria o es mejor marcharse de ese mercado, porque de lo contrario acabas saliendo trasquilado", en un comentario que llevó a pensar en la situación vivida este verano por la compañía en el aeropuerto de El Prat. Álvarez no se quedó ahí. Afeó a Aena el hábito de adjudicar sus contratos de servicios al mejor postor, puso al gestor como ejemplo negativo de lo que está ocurriendo con el sector de los servicios a empresas en España y auguró que o las grandes empresas del sector se plantan ante estas prácticas "o el sector servicios tal y como lo conocemos no tardará en desaparecer".
La presidenta del gigante español de los servicios - que el año pasado facturó más de 1.700 millones de euros y gestionó una plantilla de 95.000 empleados entre su actividad en España y la que tiene repartida en otros 14 países- aseguró que Eulen ya ha tomado hace tiempo la decisión de no concurrir a aquellos concursos públicos o privados en los que el precio no garantice unas mínimas condiciones que permitan prestar el servicio con calidad. Se supone que la compañía sí entiende que el concurso para la adjudicación del servicio de seguridad del Aeropuerto de Barajas, convocado por Aena, sí cumple esos requisitos ya que figura entre las compañías que se ha presentado. No lo hará en el caso de El Prat.
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