Los vigilantes de seguridad privada se manifestaron este viernes en toda España ante las diferentes sedes provinciales de Aprosec y delegaciones del Gobierno en contra de la rebaja generalizada en sus condiciones de trabajo, tras el descuelgue de los convenios colectivos por parte de Prosegur, Securitas, Segur Ibérica, Eulen y Omega, y que afecta a unos 100.000 trabajadores.
Según ha informado el sindicato CSI-F en nota de prensa, todas las empresas de seguridad han decidido "curiosamente" descolgarse del convenio a lo largo de las últimas semanas. Esta decisión se produce en vísperas de la aprobación de la futura Ley de Seguridad Privada y la oferta pública de adjudicaciones por parte de diferentes organismos. CSI-F considera que esta decisión no está justificada y esconde la voluntad de las empresas de presentarse a las próximas adjudicaciones en condiciones más ventajosas. Esta misma semana se conoció la adjudicación de la seguridad privada a Prosegur por el Ministerio de Asuntos Exteriores.
La empresa Securitas ha concretado ya a sus trabajadores su oferta, que consiste fundamentalmente en la congelación salarial y no aplicación de la subida pactada de entre el 4% y el 6%, la pérdida del complemento por incapacidad temporal, la pérdida de un día de vacaciones y el incremento de la jornada laboral aún sin especificar.
NUEVA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA Los descuelgues salariales se producen en vísperas de la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, actualmente en trámite en el Senado y que prevé nuevas competencias para el colectivo de vigilantes, como la posibilidad de identificar y detener a personas en la vía pública. CSI-F ya denunció que esta nueva Ley podría esconder un interés económico de las empresas, que mejorarán las cuentas de resultados, mientras que los vigilantes tendrán más trabajo, nuevas dificultades y por tanto se verán "más explotados con el mismo sueldo exiguo o incluso menor".
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