Los ponentes del Consejo del Poder Judicial cuestionan varios artículos
La reforma legislativa estrella del ministro Jorge Fernández Díaz podría quedarse en aguas de borrajas. El primer borrador del poder judicial que cuestiona las líneas maestras del anteproyecto de la ley de seguridad ciudadana cayó ayer como un mazazo en Interior. Aunque la versión oficial fue que ese texto que apunta a la inconstitucionalidad de siete de los puntales básicos de la denominada ley Fernández es «muy preliminar» y que el Ejecutivo no se da por «aludido» por escritos que aún no han sido aprobados por el pleno del Consejo General del Poder Judicial, lo cierto es que varios de los responsables y juristas del Ejecutivo dieron por descontado que tendrán que «limar» el anteproyecto para tener el respaldo de los jueces. Hay incluso quien apunta que si hay que «menguar» tanto la reforma, igual habría que plantear si seguir adelante.
El número 2 de Interior fue el encargado de minimizar el alcance del borrador de los vocales Wenceslao Olea (conservador) y Victoria Cinto (progresista) que pone el acento en la posible inconstitucionalidad de cuestiones como la potestad de los funcionarios de practicar arrestos por simples faltas o infracciones administrativas, la posibilidad de que los agentes practiquen cacheos para sancionar infracciones, la vaguedad con que se definen estos cacheos que podrían incluir el desnudo del sospechoso, o la implicación de los vigilantes de seguridad al dispersar reuniones o manifestaciones.
El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, se mostró esperanzado en que el pleno del poder judicial suavice este primer varapalo. «El CGPJ no se ha pronunciado, no ha votado y no ha dicho nada. El ministerio no puede considerar un informe que aún no ha salido», apuntó Martínez. Sin embargo, dejó entrever que el Gobierno no podrá «eludir la crítica». También el poder judicial se apresuró a aclarar que el texto filtrado es solo un «documento de trabajo». Si bien, se considera muy probable que el texto final incluya buena parte del borrador. Una posibilidad que preocupa en Interior, pues los artículos puestos en cuestión por los ponentes son la columna vertebral del documento.
Conculcar derechos El borrador subraya el poder que la reforma daría a la policía para disolver reuniones ante la sola posibilidad de «riesgo» de «alteraciones de la seguridad ciudadana». Para el CGPJ, se estarían conculcando derechos fundamentales. Otros de los puntos cuestionados es la transformación de infracciones en simples faltas y que la simple declaración de un policía tenga valor probatorio en una denuncia.
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