DE usar y tirar. Como un pañuelo de papel arrugado al que le queda de vida lo que se tarda en encontrar una papelera. Así de dura es la realidad que ha de afrontar gran parte del colectivo de escoltas privados en Álava. Una vez encarrilado el final de la lacra terrorista, sobran. Ya no son la herramienta con la que facturar del orden de 9.000 euros al mes por cada personalidad protegida. Aquellos eran otros tiempos. Ahora, sin negocio que explotar, la presencia de estos agentes de seguridad privada no es rentable para las empresas que se encargaron y encargan en la CAV y Navarra de gestionar el servicio de guardaespaldas con el que intentar salvaguardar la vida de centenares de políticos, jueces, fiscales o empresarios. El saldo de resultados mercantiles ya no requiere que se jueguen la vida. Los halagos de los discursos políticos de antaño hacia su labor se los ha llevado el viento. Ahora son una carga que hay que aligerar. Y al menor precio posible. Desgraciadamente para ellos, son parte del juego de la oferta y la demanda.
Su presencia junto a miles de personas salvaguardó muchas vidas. Ahora son las suyas las que están en juego. Literal. Pero no por las pistolas de los contrarios -al menos, hasta la fecha-, sino por los intereses económicos. Este diario se ha reunido con dos escoltas privados de los que aún quedan en el territorio histórico. La conversación derivó en la constatación de una realidad que sorprende, trufada de conflictividad laboral, de impagos, denuncias de arbitrariedad, recortes de sueldo, querellas cruzadas por acoso laboral y futuro escaso e incierto. Dicen que se les achaca que ellos también se beneficiaron de la situación de violencia política. Incluso, el anterior responsable del área de Interior del Gobierno Vasco, el socialista Rodolfo Ares, les echó en cara que habían hecho su labor a cambio de sueldos jugosos. Y no le faltaba razón, aunque se antoja opinable lo de contabilizar en euros el hecho de jugarse la vida cada día para intentar que los protegidos salvasen la suya.
Ahora la situación es bien diferente. Quienes sufren las nuevas condiciones reflexionan sobre las mismas. Dicen que los sueldos han sido recortado en 800 euros en apenas año, cuando la Administración sigue pagando lo mismo por cada servicio. Incluso, hay escoltas que padecen rebajas del 50%. Lo explican en primera persona. Es el caso de un escolta privado, subrogado a Ombuds procedente de Segur Ibérica. Según relata, sus condiciones salariales provenían de una tercera empresa y fueron respetadas. Sin embargo, la actual contrata de los servicios de protección -Ombuds- le ha aplicado dos bajadas salariales pasando de unos 3.300 euros brutos al mes a 1.572.
Las denuncias de precariedad laboral no quedan ahí. Otras fuentes del sector consultadas por este diario enumeran prácticas denunciadas ante la Unidad de Protección de la Ertzaintza, cuerpo que ha elevado informes de las mismas. "Sin embargo, no hay consecuencias", explican. Los citados portavoces añaden que hay escoltas a los que se ha obligado a justificar 10 horas de servicio cuando han trabajado más, y otros que confirman que han tenido que trabajar más de nueve días seguidos -que es el tope-. Incluso, hay guardaespaldas que afirman que ante aquellos que son díscolos o ante los que levantan la voz, la adjudicataria aplica "días de descanso a agentes que se han negado a incumplir la ley". "Han existido ERE sin criterio objetivo. Hay amenazas, represalias... Incluso el comité de empresa ha llegado a declarar en contra de un trabajador en un juicio. Y lo peor es que se están incumpliendo las plicas marcadas en el contrato con el Gobierno Vasco", sentencian.
Pero ése no es el único problema. El quid de la cuestión asoma aferrado a los discursos triunfales surgidos cuando se pudo verificar el remanso de paz que emanó del cese -al menos, hasta la fecha- de la actividad armada por parte de ETA. Entonces hubo promesas, posibilidades de recolocación, salidas laborales dignas... "Hoy te despiden con una patada en el culo e intentando rebajarte las bases salariales para echarte por cuatro pesetas". Voz de escolta, como la que asegura que "es imposible cualquier recolocación porque no hay puestos de escolta". "Se olvidan de nosotros", añade.
Los datos que obran en poder de estos profesionales de la seguridad privada son contundentes. En lo peor de la actividad terrorista, en el conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra se llegaron a contabilizar 5.000 escoltas privados. Hoy serán 300. Esta realidad no aporta matices diferenciados en Álava. Quedan del orden de medio centenar de guardaespaldas, en su gran mayoría, bajo las nóminas de Ombuds Compañía de Seguridad. Ésta es la mercantil que desde mediados de febrero de 2012 se encarga del Servicio de Protección de Personas en el País Vasco. Hasta entonces, dicha labor recaía en Seguridad LPM, Castellana de Seguridad, Compañía de Vigilancia Aragonesa, Garda de Servicios de Seguridad y Umano Seguridad, firmas a las que Lakua decidió entonces, por orden del Departamento de Interior, resolver los contratos existentes para subrogar el personal como las "oportunas condiciones operativas" a la citada Ombuds.
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