El objetivo del plan piloto de seguridad privada en las cárceles es «liberar» algún agente para destinarlo a otras labores de protección ciudadana
El Ministerio de Interior inició el lunes un proyecto piloto de seguridad privada en las cárceles de Castelló dentro de un plan nacional a través del cual 250 agentes acompañarán a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en la tareas de vigilancia en los 21 centros penitenciarios de España.
Según explicaron ayer desde el ministerio, el objetivo es «liberar» a algunos agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional que serían destinados a realizar otras labores de protección ciudadana. No obstante, según denunció ayer la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), la intención del Gobierno es «privatizar el servicio de vigilancia para hacer negocio» una circunstancia que «agravará aún más» la situación de las prisiones de Castelló donde, según denunciaron desde el sindicato, «hay un 10 por ciento menos del personal necesario para la vigilancia de los presos».
Además, los sindicatos apuntaron que esta medida incumple el artículo 63 del Real Decreto 190/96 que estipula que «la seguridad exterior de los Establecimientos corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o, en su caso, a los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas», motivo por el que ya se están estudiando emprender acciones legales. El Ministerio de Interior informó que los nuevos agentes han sido contratados a través de una UTE del País Vasco, no irán armados y cumplirán con tareas auxiliares como la vigilancia perimetral y de las cámaras de seguridad, principalmente. El proyecto durará nueve meses y durante este tiempo se prevé analizar «cómo se integran».
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