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10 de septiembre de 2018

SEVILLA: Vigilantes privados de seguridad para controlar el mercadillo de Coria del Río

El Sindicato de la Policía Local ha alertado de la medida a la Delegación del Gobierno. El Ayuntamiento lo justifica por la negativa de los agentes a hacer horas extras

El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España en Andalucía (Sppme-A) ha elevado dos escritos a la Delegación del Gobierno en Andalucía y a la Unidad Territorial de Seguridad Privada de Sevilla para alertar de la contratación de vigilantes privados por el Ayuntamiento de Coria del Río para controlar la seguridad del mercadillo, que se celebra todos los martes en la localidad. Según han confirmado fuentes municipales, la medida se llevó a la práctica por primera vez el pasado martes 4 de septiembre, por la negativa de los policías locales a hacer horas extras o de refuerzo, que son necesarias para cubrir el dispositivo, dada la escasez de la plantilla del cuerpo de seguridad. El grupo está formado porcuatro vigilantes privados, los mismos policías que antes había en el servicio de mercadillo.

Esta negativa a hacer refuerzos por parte de los municipales no es nueva y está relacionada con la reivindicación de los agentes para que se solvente una serie de cuestiones en sus nóminas, por las que no estarían cobrando lo que les corresponde desde hace años, según defienden, un asunto por el que se celebrará un juicio fijado para el día 17 de septiembre. El Sppme-A no sólo cuestiona que vigilantes puedan hacer esta labor de control del mercadillo, sino que denuncian que ni siquiera se avisara previamente, el primer día, a la Policía Local y al jefe accidental que estaba de turno, a los que teóricamente deben avisar ante cualquie incidencia, porque las funciones de los guardias de seguridad privados están más limitadas.

El portavoz del sindicato en Coria señaló además que estos vigilantes carecen de protocolo sobre cómo actuar y pueden hacerlo sólo dentro de la zona del mercadillo (que está rodeada por un murete) y no fuera, lo que hace que no se puedan controlar puestos o la venta ambulante que se da muchas veces en el entorno de esta zona acotada. El Ayuntamiento habría destinado a este servicio un presupuesto de 30.000 euros, una partida que aparece dentro del presupuesto de seguridad de 2018, con el epígrafe de “vigilancia de establecimientos comerciales”, aunque según el Sppme-A, el contrato no aparece aún en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento.

Sobre este contrato preguntó en el último Pleno municipal, Juan Antonio Bizcocho, portavoz de Coria Puede, que ha recordado las quejas por falta de presencia de Policía Local que se dan en el mercadillo, que favorece la venta de productos ilegales o la presencia de puestos sin licencia, así la venta ambulante en zonas no autorizadas. Sin embargo, denunció que la solución no es la vigilancia privada, que sólo puede en su caso retener a una persona que crea que ha acometido algún delito hasta que llegue la Policía sin caer en usurpación de funciones, e instó a que sesolvente de nueva vez el conflicto con la Policía y se saquen las plazas que están presupuestadas y sin cubrir, para ampliar la plantilla. Según Bizcocho y el propio Sppme-A, en Coria hay presupuestadas 50 plazas de Policía Local, aunque con los puestos sin cubrir y bajas médicas de baja duración, la plantilla real es de 30 ó 31 personas, que se queden en 19 ó 20 para hacer servicio de calle. Como mucho da de sí para cubrir tres turnos, con dos personas en la calle y otra en la jefatura, no para servicios especiales, en una población que tiene más de 30.000 habitantes y mucha población flotante.

Una reclamación de más de 1,2 millones de euros El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Sevilla ha fijado, tras varios aplazamientos, para el lunes 17 de septiembre el juicio de la plantilla de la Policía contra el Consistorio, por el que le reclama 1,2 millones de euros que no habrían cobrado según le corresponde. Se trata de la cantidad acumulada en los últimos cuatro años, los que no han prescrito. El gobierno municipal del PA ha venido defendiendo que es un problema heredado de anteriores gobiernos y se basa en una negociación que nunca fue ratificada en el Pleno municipal.

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