Tratan de implicar a jueces, fiscales y forenses de la lucha antiterrorista y llevarán su queja hasta Europa
La protesta de los colectivos contrarios a la ley de abusos policiales de la CAV va a dar el salto desde el ámbito judicial a las calles con una serie de manifestaciones y concentraciones, aún sin concretar. A través de ellas, los sindicatos policiales, plataformas de la Guardia Civil y determinados colectivos de víctimas pretenden mostrar su rechazo a esta norma con la consigna de que su tarea en la lucha antiterrorista no puede estar en cuestión, y quieren generar un clima de presión sobre el Gobierno vasco y, en particular, sobre el presidente español, Pedro Sánchez, que ha retirado del Tribunal Constitucional el recurso que interpuso Rajoy. Esta dinámica la lidera desde hace semanas el sindicato policial SUP, aunque en este grupo están también representados Covite y la asociación de ertzainas y familiares de víctimas del terrorismo, Aserfavite.
El grupo de trabajo constituido antes de las vacaciones de verano celebró ayer su primera reunión en Vitoria para concretar su hoja de ruta en el ámbito judicial y en el terreno de la protesta pura y dura. En el campo de los tribunales, no hay grandes novedades más allá de volcarse todos con el recurso del SUP ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y estudiar una querella por prevaricación.
Todas las organizaciones se van a sumar al recurso presentado en el alto tribunal vasco por parte del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que quiere tumbar la constitución de la comisión de abusos policiales. Es una vía de incierto resultado para el sindicato, porque esa comisión en ningún momento estuvo suspendida por el Tribunal Constitucional y, por tanto, podía constituirse. El expresidente Rajoy recurrió la ley vasca que busca reparar los abusos policiales cometidos entre 1978 y 1999, y el tribunal lo admitió a trámite y suspendió de manera cautelar varios artículos, pero ninguno impedía poner en marcha el grupo de expertos. El Gobierno español de Pedro Sánchez ha retirado el recurso, de manera que el conflicto judicial está desactivado en el Tribunal Constitucional y solo pueden retomarlo las instituciones o un recurso interpuesto por cincuenta diputados del Congreso.
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