El Observatorio Sectorial de Seguridad Privada ha considerado "inaceptable" que los agentes sociales y empresariales del sector de la seguridad privada no hayan sido consultados en la elaboración del borrador del Reglamento que ha presentado este miércoles el Ministerio del Interior.
El Observatorio Sectorial de Seguridad Privada ha considerado "inaceptable" que los agentes sociales y empresariales del sector de la seguridad privada no hayan sido consultados en la elaboración del borrador del Reglamento que ha presentado este miércoles el Ministerio del Interior. Para el Observatorio la falta de diálogo cobra especial importancia dada la "capital trascendencia" que tiene esta norma para el sector y porque todas las organizaciones que lo integran pertenecen a la Comisión Nacional de Seguridad Privada, que tiene por función dicho cauce de consulta previa. El Observatorio integra a APROSER, la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FeSMC - UGT), Comisiones Obreras de Construcción y Servicios (CC.OO.) y la Federación de trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP - USO).
TRANSPORTE DE EFECTIVO Y PROTECCIÓN DE LOS VIGILANTES Además, desde el Observatorio han exigido cambios en el documento. Así, consideran que uno de los puntos "de mayor gravedad" del texto presentado "repentinamente" por Interior sería la seguridad en las actividades de transporte de fondos y depósito de efectivo. Según el borrador --ha explicado el Observatorio-- entidades que no tengan consideración de empresas de seguridad podrían realizar operaciones de transporte de fondos de hasta 215.000 euros y depósitos de menos de 25 millones de euros no serían considerados depósitos de seguridad. Las entidades del sector han exigido "la retirada de esta propuesta del trámite reglamentario", por suponer casi una "completa desregulación del sector", y un debate sobre el resto de la propuesta.
En palabras del secretario de FeSMC-UGT, Diego Giráldez, "estas medidas suponen que el 95% de las actividades que son garantizadas por empresas y profesionales de seguridad privada con excelentes ratios de calidad serán prestadas por empresas y personas ajenas" al sector. Giráldez ha criticado que esto provocaría una "casi total" destrucción de empleo en el sector y un incremento de los niveles de fraude, ya que se podría eludir la trazabilidad del efectivo, y convertiría a España en el país europeo con menor supervisión de la gestión del efectivo por las autoridades públicas.
Una segunda crítica que hace el Observatorio al documento es "el insuficiente tratamiento de la protección jurídica de los vigilantes de seguridad". En esta línea, las organizaciones consideran que los supuestos en los que los vigilantes cuentan con la protección jurídica de agente de autoridad --que, han apuntado, mejoran la situación actual-- deben generalizarse. Juan José Montoya, coordinador del área jurídica de CC.OO. Construcción y Servicios, ha incidido además en la equiparación de medios de protección y defensa a las que utilizan las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado cuando intervienen junto a ellos. Por su parte, el secretario general de la patronal Aproser, Eduardo Cobas, ha apuntado a la necesidad de contar con un Reglamento que desarrolle la Ley de Seguridad Privada cuatro años después de su aprobación.
Cobas ha indicado que, "sin negar los aspectos positivos del Reglamento", algunas de las medidas conllevan "peligro" al "promocionar un servicio low cost de la seguridad en detrimento de la calidad", un factor clave que, en su opinión, ha llevado a la seguridad privada española a ser un modelo para otros países. Otras reivindicaciones del Observatorio han sido la formación profesional necesaria para acceder al sector, la incorporación de empresas interpuestas en el proceso de contratación de servicios de seguridad o la reducción "desproporcionada" de las cuantías de los seguros de responsabilidad civil y garantías exigibles a las empresas.
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