Novo Segur ha obtenido adjudicaciones por 2,1 millones de euros públicos desde que el Tribunal Supremo cerrara todas las opciones de validez a su convenio
Un centro de atención a personas con discapacidad en Cáceres, una tesorería de la seguridad social en Cuenca y varias sedes del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Son las instalaciones de distintos organismos dependientes los ministerios de Sanidad, Economía y Empleo que vigilará Novo Segur (antigua Marsegur), una empresa cuyo convenio colectivo ha sido declarado ilegal de forma definitiva por el Tribunal Supremo el pasado mes de diciembre.
Los contratos de seguridad de estos centros, que suman algo más de dos millones de euros, se han adjudicado o formalizado después que el máximo órgano legislativo hiciera pública la sentencia.Las nuevas adjudicaciones no incumplen la ley de contratación actual, pero van en contra de las cláusulas sociales de contratación,difundidas como recomendaciones el pasado verano a la espera de que entren en vigor en marzo. El mismo Congreso de los Diputados pidió al Gobierno, a través de la Comisión de Defensa, que se dejara de trabajar con esta empresa.
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