Jornadas de más de 12 horas, agresiones físicas y verbales o la falta de medidas de seguridad, entre las irregularidades de la empresa española
La empresa española de seguridad privada Prosegur facturó el año pasado casi 3.800 millones de euros, de los cuales casi un 60% procedió de Latinoamérica. Se trata de unos resultados que podrían presentarse como un éxito de expansión internacional –lo que desde el Gobierno se ha publicitado como “Marca España”- y que, sin embargo, se ve enturbiado por reiteradas acusaciones de violaciones de derechos humanos y laborales, especialmente en Brasil, Paraguay, Colombia y Perú.
Desde la federación sindical UNI Global Union llevan años denunciando la situación, no sólo ante las autoridades locales sino, incluso, ante organismos internacionales como el Comité de los Derechos Humanos de la ONU o la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Precisamente, ésta última suspendía en Prosegur a finales de 2014 la implantación de su Programa SCORE (un programa mundial de formación y asistencia técnica para apoyar el desarrollo de las empresas) por entender que “no se presentaban las condiciones idóneas para continuar trabajando en una metodología basada en la cooperación y en el diálogo”.
Colombia es, de hecho, el país que probablemente acumula mayor número de incumplimientos e irregularidades por parte de Prosegur; curiosamente, la filial que ha estado bajo las riendas de un español, Yago Palao. Héctor Fabio Bermeo es uno de los trabajadores de la empresa de seguridad privada cuyas agresiones sufridas han ido más allá de lo verbal. “El pasado mes de noviembre, tras reclamar a mi superior la entrega de chalecos antibalas, éste se dirigió a la sala en la que me encontraba, cerró la puerta y me golpeó la cara”, cuenta Bermeo.
Inmediatamente y rechazando la oferta del gerente de la compañía de resolver el asunto allí mismo, el empleado denunció los hechos ante la Fiscalía Nacional y obtuvo un parte de lesiones por el que le concedían ocho días de baja. El resultado de aquella denuncia –aún en un proceso que podría demorarse hasta cinco o seis años- fue una suspensión de sueldo de tres días, tras ser Prosegur la que acusó a Bermeo de agredir a su jefe de seguridad. Este desencuentro no fue un hecho aislado; Bermeo cuenta cómo anteriormente “sufrí agresiones verbales de todo tipo, acusándome incluso de ser un militar desertor y sacándome fotografías en mi lugar de trabajo sin justificación alguna”.
Jornadas maratonianas sin seguridad Bermeo explica que “nuestro Convenio Colectivo estipula que la jornada laboral es de nueve horas diarias de lunes a viernes”. Sin embargo, lo más habitual, según explica, es que Prosegur obligue a sus empleados a alargar la jornada más de doce horas diarias o pena de sanción si se niegan. “Estamos hablando de estar metidos 12 horas en furgones blindados en los que en muchos casos no hay más aire acondicionado que un pequeño ventilador”, cuenta Bermeo, “en una ciudad en la que se superan con frecuencia los 40ºC”. En este sentido, Fidel Hugo Alonso, presidente del sindicato Sintravalores en Colombia, relata lo sucedido a un trabajador en Medellín, “que después de ser obligado a trabajar jornadas de cinco de la madrugada a once de la noche sin descanso semanal, terminó por matarse al quedarse dormido en su moto y chocar contra un poste de teléfono”.
El exceso de horas en la jornada laboral es, junto a la falta de medidas de seguridad, la principal demanda del sindicato Sintravalores. Y es que estos furgones blindados, tal y como explica Bermeo, “están obsoletos, muchos de ellos con 30 y 40 años de antigüedad y, por tanto, con un blindaje poco efectivo”. Algo especialmente peligroso en un país como Colombia, en el que según Alonso, “los delincuentes tienen incluso mejores armas que la propia Policía, pudiendo perforar el blindaje”. Además, algunas de las armas que portan los empleados de Prosegur, “tienen más de 30 años y están defectuosas”, asegura el presidente.
Benjamin Parton, coordinador de Campañas y Sindicación de UNI Global Union, es claro al afirmar que “lo que pretendemos desde la federación es mejorar los estándares laborales en el sector de la seguridad, como de hecho ya hemos conseguido con G4S y Securitas firmando marcos globales, pero Prosegur se niega”. Unos estándares que no tolerarían una de las últimas prácticas de Prosegur que denuncia Bermeo: “la compañía está ahora transportando grandes sumas de dinero, hasta 9.000 millones de pesos (casi 3,2 millones de euros), en aerolíneas comerciales como Avianca o Aires [ahora LAN]. Nos obligan a llevarlo al aeropuerto y meterlo en las bodegas de los aviones, echando allí toda la documentación sin que haya ninguna persona responsable de ello. Yo me negué a hacerlo porque viola todos los protocolos de seguridad y fui sancionado”.
Objetivo: acabar con el sindicato El relato de los empleados de Prosegur dibuja una realidad en la que la empresa de seguridad buscaría acabar con el sindicato, habiendo llegado incluso a emitir comunicados en los que equiparaba el sindicato con la huelga y a ésta con el desempleo, enfrentándolo a la secuencia Prosegur = Crecimiento = Empleo. En este sentido, Parton califica el trato al que son sometidos los afiliados al sindicato de “degradante e intimidatorio”. “Hay acciones de las que no tenemos pruebas de que Prosegur esté detrás, pero la sucesión de coincidencias es sorprendente”, explica el coordinador. Un ejemplo de ello es la persecución de un representante sindical por dos sujetos subidos en moto, ocultando su rostro con cascos de visera oscura –práctica habitualmente empleada por los sicarios en Colombia-, al tiempo que sus hijos también son acosados y fotografiados mientras practican deporte.
Otro hecho insólito ocurrido es, según cuenta Alonso, la irrupción de supuestos agentes de la Fiscalía en varios domicilios de trabajadores sindicados interrogando sobre sus bienes materiales. “Consultada la Fiscalía al respecto”, indica el presidente del sindicato, “nos aseguraron que no se había ordenado ninguna actuación de este tipo”. Asimismo, otras acciones represoras llevadas a cabo por Prosegur serían la imposición de sanciones –suspensiones de varios días de salario-, la discriminación salarial para desincentivar la afiliación o el despido improcedente a los trabajadores más reivindicativos, como es el caso de Teresita Rivera García, cuyo reintegro ya ha sido ratificado por dos veces en los Tribunales e, incluso, se ha emitido orden de arresto contra el representante de Prosegur por ignorar la sentencia.
“El pasado martes, la Policía Nacional de Colombia fue a Prosegur en Bogotá con el fin de capturar a Alejandro Agudelo, el responsable legal de Prosegur en Colombia, por no cumplir con la orden judicial de readmitir a Teresita Rivera”, cuenta Parton para añadir que “de acuerdo con la Policía, Alejandro Agudelo no estaba en las oficinas de Prosegur según los testimonios que recibimos, la empresa ha puesto varios escoltas en frente del edificio”. Finalmente Rivera ha sido readmitida, pero al cierre de este reportaje Agudelo seguía desaparecido.
España mira para otro lado Ante lo que parece una sistemática violación de derechos laborales, UNI Global Union ha presentado infructuosamente varias quejas al Gobierno español. A finales de 2013, la federación sindical denunciaba ante el Ejecutivo los atropellos laborales de que estaban siendo objeto los trabajadores en Brasil. Según relata Parton, el Gobierno español se limitó a intentar mediar entre UNI Global Union y Prosegur, pero la compañía de seguridad privada rechazó sentarse en la mesa de arbitraje, sin que desde el Ejecutivo se emprendiera ninguna otra acción. Más recientemente y tras la agresión contra un sindicalista en Perú en agosto de 2014, UNI Global Union solicitó al Punto Nacional de Contacto español de la OCDE en Madrid una intervención urgente, sin que hasta ahora se haya avanzado en el asunto. Público.es trató de conocer la postura del Ejecutivo, pero éste ha preferido guardar silencio.
Por su parte, a finales del año pasado y con el detonante de la agresión contra Bermeo, Prosegur envió a Colombia a su director de Relaciones Laborales, Juan Luis Martín Carrero. El presidente de Sintravalores asegura que “Martín Carrero se comprometió a crear una comisión negociadora para resolver los problemas, pero se fue y no se ha vuelto a saber nada más de él”. Más crudo es el testimonio de Parton, que cuenta cómo el director de Relaciones Laborales “puso delante de los agresores a las víctimas para que éstas contaran su versión de los hechos, algo que no se produjo por el clima de miedo e intimidación que reina en la empresa, lo que todavía dio aún más luz verde a las agresiones”. Consultados los responsables de Prosegur en España, éstos han rechazado hacer cualquier tipo de declaración sobre ninguno de los hechos citados en este reportaje.
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