La Audiencia Nacional ha condenado a la empresa Seguridad SH Lanzarote por no denunciar el robo de material eléctrico en el Castillo de San José, de la red de Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo. La empresa, contratada por la entidad pública, no denunció un robo que se produjo en septiembre de 2012 y el Ministerio del Interior le impuso una sanción de 30.051 euros por una infracción grave de la Ley de Seguridad Privada.
El Juzgado central de lo contencioso administrativo rechazó el recurso de la empresa de seguridad y ahora ha sido la Audiencia Nacional la que ha confirmado la sanción económica para la compañía. Según la sentencia, fue la gerente del Castillo de San José la que denunció en la Comisaría de la Policía Nacional el robo el 7 se septiembre de 2012. El 10 de septiembre, agentes adscritos al grupo de seguridad privada de la Policía Nacional practicaron una inspección en el castillo, “comprobando los daños que constaban en la denuncia”. Es entonces cuando los agentes de la Policía solicitan al vigilante de seguridad los partes de novedades correspondientes a los días 3 y 4 de septiembre, que les indica que estaban en la empresa. Posteriormente, la compañía los remite vía fax a la Policía.
Al examinarlos, se comprobó que en el parte del vigilante de seguridad efectuado a las ocho de la mañana del 4 de septiembre, cuando se produce el relevo en el turno, se destaca que alguien había cortado los focos de la entrada del aparcamiento del Castillo de San José y que habían cortado “los cables de la entrada y los de la bajada del personal”. “Aunque es cierto que Seguridad SH Lanzarote remitió de forma inmediata por fax los partes de trabajo que le fueron solicitados, ya había transcurrido casi una semana sin dar noticia del robo a la Comisaría de la Policía”, señala la sentencia.
La sanción de 30.051 euros, por la “evidente falta de colaboración” ante un hecho delictivo. Además, la Audiencia Nacional subraya que la Policía “tuvo conocimiento del hecho no por quien legalmente estaba obligada a denunciar, sino por la gerente del Castillo de San José”, lo que “denota una evidente falta de colaboración y también la ausencia de disposición a colaborar”. Por ello, la Audiencia considera que la empresa de seguridad incurrió en una infracción por su “negativa a prestar auxilio o colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la investigación y detención de los delincuentes o en la realización de las funciones inspectoras o de control que les correspondan”.
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