El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha apelado a la confidencialidad de los contratos para negar al Congreso de los Diputados la información sobre las condiciones que han de cumplir las empresas privadas de seguridad a las que ha adjudicado la vigilancia de las cárceles. La misma “confidencialidad” que la derecha política reprocha al profesor y dirigente de Podemos Juan Carlos Monedero en sus contratos privados para realizar estudios e informes técnicos para clientes extranjeros le sirve ahora al Ejecutivo del PP para esquivar el control parlamentario sobre la privatización de la seguridad de las prisiones. La cuestión de fondo es que al menos una de las empresas se beneficia de las contratas carcelarias mientras despide a los trabajadores.
Los portavoces socialistas de Interior, Antonio Trevín, y de Justicia, Rosa Aguilar, se han visto burlados en su pretensión de obtener las cláusulas de los contratos de Interior con las empresas privadas de seguridad a las que se ha adjudicado la vigilancia del perímetro y las entradas de los centros penitenciarios, que hasta ahora realizaba la Guardia Civil. Interior ha extendido la confidencialidad a las llamadas “cláusulas administrativas particulares” en las que se recogen “los derechos y obligaciones de las partes”. No argumenta motivos de seguridad, sino “razones técnicas”, para fundamentar esa decisión en la que ahora se apoya para negar la información al Parlamento. También considera confidencial el pliego de condiciones técnicas que deben regir la realización de los servicios y los medios empleados en su ejecución.
De este modo, el ministro Fernández Díaz escamotea la petición de responsabilidades políticas ante los incumplimientos de las empresas. ¿Tenía la empresa Ombuds el compromiso de mantener el empleo con el nuevo cometido en las prisiones? El ministro no lo aclara. La entidad que preside Rodrigo Cortina López, hijo del exdirector de la Agrupación Operativa de los servicios secretos, juzgado y absuelto de su participación en el golpe de Estado del 23-F, es una de las más favorecidas por las adjudicaciones de Interior desde la primera fase del plan de privatización de la vigilancia de las cárceles. En concreto, Ombuds ha obtenido un tercio de los 33 millones de euros en juego, dedicados en 2014, a las contratas carcelarias. De los cuatro lotes en los que se dividió el plan, la empresa de los Cortina obtuvo uno presupuestado en 7.671.805 euros y parte de otro, al que concurrió en unión temporal con Eulén y otras, por valor de 9.853.429,59 euros. Interior no aclara qué centros penitenciarios le adjudicó ni si la empresa ha cumplido sus compromisos. Los diputados sólo han podido saber a través de los representantes sindicales que en 2014 los jefes de Ombuds plantearon un Ere y echaron a 151 trabajadores a la calle.
Se da la circunstancia de que entre los argumentos que utilizó en su día el ministro Fernández Díaz para justificar su plan de privatización de la “seguridad exterior” de las prisiones figuraba la necesidad de mantener el empleo en las empresas de seguridad que daban servicio de escolta a los cargos públicos y dirigentes del PP amenazados por ETA. Ombuds figuraba entre las más solicitadas y beneficiadas, acaso por los antiguos vínculos de José Luis Cortina Prieto con el presidente fundador del PP, Manuel Fraga. En 2007 recibió de Interior, con el Gobierno del PSOE, más de 30 millones de los 90 destinados a aquel servicio específico de protección. En el caso de esa empresa, que también presta el servicio de protección y vigilancia en el Metro de Madrid, el argumento del titular de Interior ha quedado en entredicho por el ERE y los despidos. Otras empresas beneficiadas para “salvar” el empleo, también han ajustado sus plantillas, aunque de forma menos traumática. No era sensibilidad social precisamente, sino afán de beneficio a costa de lo público lo que, como va quedando de relieve, latía tras el plan privatizador del ministro. Pero para evitar que le exijan responsabilidades políticas, he ahí su portazo a la transparencia.
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