Un informe de USO al que 'Vozpópuli' ha tenido acceso demuestra las precarias condiciones que pequeñas y medianas empresas de seguridad imponen para 'tirar los precios' y conseguir contratos.
De los 223.936 vigilantes habilitados en España en diciembre de 2013 –últimas cifras oficiales disponibles-, sólo 82.150 (el 36,68%) permanecían en activo. Pero de ese total, 15.645 vigilantes (el 19,04%) sufrían los efectos del ‘descuelgue’ del convenio estatal y trabajaban en unas condiciones laborales y salariales muy precarias. Así se establece en un amplio dossier elaborado por la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO) al que Vozpópuli ha tenido acceso. Muchas de esas empresas, sin embargo, reciben múltiples contratos por la Administración General del Estado, o bien por las autonómicas o por las locales.
La FTSP-USO es el tercer sindicato más representativo en el sector de la seguridad privada, con cerca de 800 delegados y más de 9.000 afiliados en toda España. Gracias a los datos facilitados por sus delegados se elaboró este dossier, en el que se pone de manifiesto cómo las políticas de rebaja de precios auspiciadas desde las administraciones públicas han propiciado que las empresas de seguridad rebajen aún más las condiciones laborales yoferten a la baja, lo que afecta a los servicios prestados, pero sobre todo a las condiciones laborales internas.
En concreto, el dossier al que ha tenido acceso Vozpópuli divide a este tipo de empresas que contratan con las administraciones públicas tirando los precios en dos grandes grupos: las que se han descolgado sin más del Convenio Colectivo Estatal de las empresas de Seguridad, y las que, habiéndose descolgado del mismo han firmado, sin embargo, un nuevo convenio con sus trabajadores. En ambos casos las condiciones resultantes son muy inferiores a la estatal, pero en todo caso esas condiciones están permitidas por la reforma laboral que realizó el Gobierno del PP en 2012. Algo de lo que, por cierto, se quejan todos los sindicatos consultados por este periódico.
Descuelgue del convenio: muchas horas y precios muy bajos Las empresas en las citadas condiciones que se han descolgado del convenio estatal y han sido analizadas en este dossier son 20 en total y afectan a 5.245 trabajadores (el 6,38% del personal en activo). En la mayor parte de las mismas se observa un mínimo común denominador: muchas horas anuales de servicio y precios por debajo del convenio.
Algunas de esas empresas sólo tienen contratos parciales, pero hacen trabajar a sus vigilantes a jornada completa. Además, “pagan las horas extraordinarias en negro”, según se afirma taxativamente en el citado documento. En algunos casos se ha acordado recientemente una reducción de jornada y salario del 2,69% para todos sus trabajadores, excepto los mayores de 61 años y el personal con jornada reducida. El número de horas anuales oscila entre las 1.782 que imponen algunas empresas hasta las 1.826 que mantienen la mayoría de las 20 sociedades descolgadas del convenio y analizadas por USO. Otra cosa distinta son los salarios: cada una es un mundo aparte, pero el común denominador es que se paga mucho menos que en convenio, con variaciones de hasta más del -15,34%.
Los salarios anuales van desde 13.360,60 euros (-2.420,90, es decir, un 15,34% menos que en convenio) en una empresa con 300 empleados, hasta los 15.018,90 euros (762,60 menos, un 4,83%), pasando por valores como 14.641,20 (una diferencia de -1.140,30, un 7,22% menos). Algunas empresas llegaron a aplicar en 2012 una disminución del 8% del salario bruto anual con respecto a las tablas de 2011, reducción que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2012. Y todas ellas, sin embargo, han conseguido grandes contratos públicos porque, según el dossier, sus precios eran los más baratos. A eso es a lo que los sindicatos llaman ‘tirar los precios’.
En este capítulo, algunas empresas cuentan con acuerdos individuales con sus trabajadores en cuanto al pago de las horas extras, pero se denuncia que “les descuentan las retenciones y les pagan la diferencia en negro”.
Convenio propio: precios a la baja para ‘tirar el mercado’ El segundo gran grupo es el de las empresas de seguridad que se han descolgado del convenio estatal pero que han firmado un convenio propio con los representantes de sus trabajadores. Son 14 las empresas analizadas por FTSP-USO, en la mayoría de los casos de pequeño o mediano tamaño.
Como en el grupo anterior, el mínimo común denominador de estas empresas es que pagan también muy por debajo del convenio estatal y afectan a 10.400 trabajadores (el 12,65% de los vigilantes en activo). El mínimo sueldo anual registrado es de 12.632,48 euros, con una diferencia en negativo de -3.149,02 euros anuales (un 19,95%), aunque la media suele oscilar alrededor de los 930 euros menos de salario al año, con plantillas que rebasan en algún caso los 5.000 trabajadores.
Lucha abierta con las instituciones Desde los sindicatos, pero especialmente desde USO, muy activa en este sector, se ha iniciado una serie de acciones con reuniones institucionales para dar a conocer a los poderes públicos que contratan seguridad privada la problemática laboral creada por estas empresas. Representantes sindicales han trasladado el malestar del sector por ejemplo a los diputados de las Comisiones de Interior, de Justicia y de Hacienda del Grupo Popular en el Congreso; ídem con el Grupo de UPyD; con autoridades institucionales de distintas Comunidades Autónomas, y con el director de Relaciones Institucionales del Ministerio de Hacienda, con el Inspector Jefe de la Unidad Central de Inspección de Trabajo y con el director general y presidente del Consejo de Administración de AENA.
Además, el pasado 27 de octubre, la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO inició una campaña contra las empresas defraudadoras denominadas "¡Empresas Pirata!", consistente en pegada de carteles y pegatinas adhesivas en las inmediaciones de la sede de las empresas así consideradas y de los clientes donde estas empresas prestan servicio. Por estos estudios y estas campañas, el secretario general de FTSP-USO, Antonio Duarte, se ha visto obligado a interponer cinco denuncias por acoso, seguimiento con vehículos y amenazas a él y a sus familiares; ha soportado dos incidentes graves en Canarias, y le han tenido que conceder una autorización de autoprotección personal.
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