La facturación bajó el pasado año en Andalucía un 3%, frente al 5,5% de 2013.
Las empresas de seguridad siguen inmersas en la crisis, pero el descenso de los ingresos en 2014 empezó a suavizarse. Por ello 2015 se presenta con buenas perspectivas pese a que persisten algunas incertidumbres.
La Asociación Profesional de Empresas de Seguridad (Aproser), que aglutina el 70 por ciento del negocio de este sector en Andalucía y engloba a las principales empresas, considera que en la comunidad andaluza la facturación cayó alrededor de un 3 por ciento en 2014, siendo el descenso en el subsector de la vigilancia (la actividad más numerosa) de un 4 por ciento el pasado año. Estos datos, apunta la patronal, representan una «leve» mejoría respecto a 2013, ejercicio en el que el negocio de la vigilancia cayó un 8 por ciento, mientras que, en total, la facturación del sector registró una bajada de un 5,5 por ciento respecto al año anterior. Sin embargo, 2015 se presenta como el año «del crecimiento o la estabilización», según el delegado territorial de Aproser, Miguel Sánchez, quien explicó a este periódico que la crisis se mostró algo más tarde en este sector. «Hasta 2009 o 2010 no surgieron las primeras cifras negativas».
¿Y cuánto llegó a afectar el bache económico? Según sus datos, la facturación cayó un 30 por ciento por culpa de la mala situación del país. El motivo, argumenta Sánchez, es que en Andalucía tiene mucho peso la contratación de la administración pública, «que canceló muchísimos contratos de servicios de seguridad en los últimos años». «Hay menos tejido industrial en la región andaluza que en otras de España y eso se nota», lamentó. En su opinión, el repunte se empieza a notar gracias al sector privado, porque las administraciones siguen «igual de mal».
Además, Sánchez criticó la actitud de la administración andaluza, que obligó a reducir los precios, haciendo «una contratación poco responsable porque no se pueden mantener los derechos de los trabajadores». «La Administración contrata a la baja sin fiscalizar lo que contrata, así que llaman a poner en marcha prácticas de competencia desleal, a contratar por debajo del coste», denunció el también director general de Securitas en Andalucía. A su juicio, en otros años el intrusismo de compañías no legalizadas era el principal problema del sector, mientras que ahora lo es la guerra de precios que propicia que algunas empresas «no cumplan con sus obligaciones legales y fiscales».
El resultado de este «efecto llamada de la Administración», dice, es la proliferación de «mucho fraude, de empleo precario, de trabajadores que no cotizan por toda la jornada de trabajo». «Por esto Aproser exige a todas sus compañías asociadas, las más importantes del sector, que sean rigurosas en el cumplimiento de las obligaciones laborales para que se genere un empleo de calidad. Eso sí, en el 30 por ciento de las empresas no asociadas se hace de todo», asevera el delegado territorial de Aproser. En la comunidad andaluza existen unas 200 empresas de seguridad que generan alrededor de 11.000 puestos de trabajo. La facturación de 2014 alcanzó los 490 millones de euros, según Aproser, cuyos datos revelan que el pasado año cayó el número de trabajadores en el sector un 4 por ciento.
¿Y qué opinan las pequeñas empresas? Rafael Tinoco es el presidente de Apess, la Asociación Provincial de Empresas de Seguridad de Sevilla, y considera que 2014 también fue un año «malo». El motivo, el recorte de seguridad de las administraciones y de los bancos, así como la subida de otros gastos, como los impuestos. Con todo, es optimista y pronostica un 2015 de crecimiento pese a que denuncia que el sector sigue sufriendo un mal endémico: la competencia desleal.
Diversificación y especialización Rafael Tinoco, presidente de la Asociación Provincial de Empresas de Seguridad de Sevilla (Apess) es el propietario de un grupo de empresas, entre ellas, Tinoco Sistemas, Electrónica y Tinoco Seguridad, que crece, pese al negro panorama del sector. «En los últimos dos años hemos subido la facturación un 16 por ciento y ampliamos la plantilla, pero somos una excepción en el sector». La clave: «Tocamos muchos temas, como tecnología, seguridad, megafonía de evacuación, contraincendios y mantenimiento. La diversificación nos ha ayudado a subsistir», argumenta. En cuanto a la competencia desleal, apunta que las multas «ahora son enormes, desde 3.000 a 600.000 euros al cierre de la empresa, pero la Ley de Seguridad Privada de octubre de 2014 aún no tiene reglamento y esperamos que este verano se concrete», indicó.
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