El propietario de la empresa y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, está acusado de haber defraudado más de 20 millones a Hacienda y la Seguridad Social
El Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria ha impuesto a la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC) una fianza de 35 millones para garantizar las posibles responsabilidades civiles del proceso por delitos de fraude fiscal que tiene abierto contra su propietario, Miguel Ángel Ramírez.. Dicha fianza se enmarca en el caso en el que se acusa a Ramírez, también presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, de haber defraudado más de 20 millones a Hacienda y la Seguridad Social camuflando de forma sistemática el pago de horas extras a los empleados de SIC como si fueran dietas, que no tributan.
El juez ha aceptado, además, dos peticiones de la Fiscalía: ampliar la investigación a los ejercicios fiscales de 2010 a 2013 (hasta ahora, el proceso se ceñía a 2008 y 2009) y abrir una pieza de responsabilidad civil, con la exigencia de fianzas. Según la acción inicial del Ministerio Público, el empresario podría haber defraudado durante los ejercicios fiscales de 2008 y 2009, "particularmente realizando pagos a sus trabajadores fuera de nómina, abonando las horas extraordinarias como dietas y conceptos asimilados, de modo que eludió practicar retenciones sobre gran parte de los salarios de los trabajadores de Seguridad Integral Canaria". De esta forma, la mercantil supuestamente reducía la carga fiscal de los sueldos pagados y también reducía significativamente el coste de las cargas sociales, "puesto que las dietas están exentas de cotización a la Seguridad Social". Todo ello, según el auto, "producía como consecuencia adicional, ante el ahorro en costes de personal, una clara ventaja competitiva respecto de las demás empresas del sector".
Según un informe del Servicio Jurídico de la Agencia Tributaria en Canarias, la actuación de Seguridad Integral Canaria es, "desde el punto de vista tributario, más ventajosa aún para el presunto defraudador que el pago de salarios en 'B', ya que no sólo se ahorra las retenciones y cotizaciones a la Seguridad Social sino que además las cantidades pagadas son íntegramente deducibles del Impuesto de Sociedades". En su comparecencia ante la Justicia llevada a cabo el pasado año, el empresario negó haber defraudado a Hacienda o a la Seguridad Social y acusó a USO de defender "intereses de la competencia" con la querella que le ha presentado por supuestas irregularidades en las nóminas de Seguridad Integral Canaria.
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