La Fiscalía de Sevilla ha denunciado en el juzgado a una directora general de la Junta y al secretario de Finanzas de CCOO de Andalucía por malversación, prevaricación y falsedad en unas ayudas de 600.000 euros que fueron destinados a fines distintos a los concedidos. Según la denuncia de la Fiscalía, a la que ha tenido acceso Efe, CCOO justificó dentro de una partida para "sensibilización de riesgos laborales" los viajes de sus militantes a manifestaciones, la confección de pancartas, la contratación de charangas o los traslados de ida y vuelta de una sindicalista en una veintena de fines de semana desde Sevilla a Málaga.
La Fiscalía denuncia a Miguel Ángel Soto Cubero, secretario de Finanzas de CCOO de Andalucía, y a Esther Azorit Jiménez, directora general de Seguridad y Salud Laboral de la Junta. Recoge la denuncia que el 22 de mayo de 2009, el consejero de Empleo de la Junta concedió una ayuda de 600.000 euros a CCOO destinada a un "plan de actividades divulgativas y de sensibilización sobre riesgos laborales", que en caso de no ser justificados según prevé la ley debería haber llevado "al reintegro de la subvención percibida y la exigencia del interés de demora". Entre otros, la Fiscalía dice al juez que los gastos de desplazamientos para dicho plan de prevención fueron justificados con facturas de traslado en autobuses desde distintas localidades de Andalucía a Sevilla "con motivo de la manifestación del 22 de abril de 2009", la actuación de la charanga "Los Piratas", otros 998,76 euros por confección de una pancarta y 194 almuerzos el día de la manifestación por un importe total de 2.594 euros. La Fiscalía precisa en su denuncia que "no consta el desarrollo de actividad alguna en materia de salud laboral el día 22 de abril de 2009 en el Palacio de Congresos de Sevilla", pese a lo facturado por el sindicato.
La denuncia consta en total de diez folios en los que la Fiscalía Anticorrupción detalla los gastos presuntamente irregulares y recoge que lo que CCOO justificó como "coordinación de actividades" de la sindicalista Agustina Gutiérrez Navarro fueron en realidad una veintena de viajes entre Sevilla a Málaga los viernes y de regreso los lunes. Dice el fiscal que "una mínima comprobación de la documentación aportada" debería haber llevado a la Junta a exigir el reintegro de estos fondos públicos y la no aceptación de los viajes y dietas percibidas por Agustina Gutiérrez. Por todo ello, la Fiscalía califica indiciariamente los hechos como delitos continuados de falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación de caudales públicos y pide que el juez a quien corresponda el caso tome declaración a los dos denunciados en calidad de imputados. Además pide que se haga una pericial contable sobre el "menoscabo de fondos públicos" que supusieron estas subvenciones, que se reclame a la Junta toda la documentación acreditativa y que se pida a las empresas de transporte que llevaron a los militantes a la manifestación que precisen el origen, horarios e itinerario.
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