El Museo Carmen Thyssen de Málaga ha recibido una mala noticia. La investigación policial abierta el pasado mes de marzo, a raíz del transporte sin seguridad privada de obras valoradas en 64 millones de euros, ha dado un paso más con la apertura de un expediente sancionador contra la pinacoteca. En el escrito recibido por el museo, la Policía señala "que los hechos pueden constituir una infracción grave y suponer una multa de entre 300,52 y 3.005,06 euros". No obstante, con este nuevo revés para el Thyssen malagueño no se da por zanjada la polémica, "ya que la resolución del procedimiento sancionador se producirá en un plazo máximo de seis meses", según informó la propia pinacoteca.
Desde el Museo Carmen Thyssen Málaga explicaron que recibieron "una comunicación de la Subdelegación del Gobierno en Málaga por la que se le informa de la iniciación de un expediente sancionador por considerar que la contratación del servicio de transporte de las obras de arte para la exposición 'Paraísos y Paisajes' no se hizo acorde con las medidas de seguridad exigidas por la Ley de Seguridad Privada". "El museo volverá a presentar alegaciones en los próximos días, como ya lo hizo anteriormente contra las actuaciones previas abiertas por la Subdelegación", añadieron desde el Thyssen en un comunicado en el que se recordaba que, de momento, sus responsables no harán manifestaciones públicas sobre este asunto.
No obstante, el Thyssen malagueño se aferró a la versión esgrimida todos estos meses, desde que el transporte sin seguridad privada fue interceptado en marzo por la Policía Nacional, al insistir en que actuó dentro de la legalidad: "El museo mantiene que tanto la contratación como el transporte de las obras de arte se realizó conforme a los usos habituales en el transporte de obras de arte en España, cumpliendo con las condiciones exigidas por la Colección Thyssen como prestadora de las obras y acatando la legislación española sobre transporte de obras de arte". En este sentido, recalcaron que el transporte sin seguridad privada no incumple la ley, y que esto "lo fundamenta con varios dictámenes jurídicos recibidos (entre ellos, los de las compañías aseguradoras), el último del despacho de abogados Gómez Acebo y Pombo, que será el encargado de estudiar la formulación de las nuevas alegaciones".
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