La Unión Sindical Obrera realiza un cálculo con base en los convenios colectivos mientras los agentes temen que el Ayuntamiento al final quite funcionarios de la calle para cubrir esas plazas
El plan anunciado por el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid,Javier Barbero, para sustituir vigilantes de seguridad por policías en los edificios municipales no ha tenido buena acogida en unos ni en otros. Los primeros, como es lógico, porque ven amenazados sus puestos de trabajo. Los segundos, por su parte, porque se temen que para llevarlo a cabo el Gobierno de Manuela Carmena tire de agentes que están en la calle.
Es “positivo” que el Ayuntamiento de Madrid “tenga la intención de crear nuevos puestos de trabajo, pero no a costa de destruir otros ya existentes y, por lo tanto, dejar en la más absoluta miseria a cientos de familias madrileñas”, señala Antonio Duarte, responsable de la Federación de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera, organización que además ha realizado un estudio sobre el coste que conllevaría la sustitución de los 485 vigilantes de seguridad que controlan los edificios municipales por policías. En concreto, Carmena tendría que rascarse el bolsillo hasta conseguir casi el triple del dinero que destina ahora para cubrir este servicio.
Según el cálculo de la USO, que se ha basado en los convenios colectivos de ambas plantillas, el servicio que actualmente prestan los vigilantes ronda los 12 millones de euros al año, cifra que resulta de multiplicar las 800.000 horas que hay contratadas con los 15 euros por hora que cobra un profesional privado. La sustitución de los 485 vigilantes que hacen este servicio por policías requeriría, en primer lugar, de un mayor número de funcionarios, ya que estos últimos gozan de más derechos laborales. USO calcula que, en concreto, sería necesario utilizar 670 agentes para cubrir el mismo cometido.
Este número de funcionarios habría que multiplicarlo, según las cuentas del sindicato, por 32.774 euros brutos anuales que cobra un policía de media, lo que daría como resultado 22 millones de euros. A este número, además, habría que sumarle 5,5 millones que es lo que cuesta la seguridad social de todos estos empleados, un concepto que en el caso de los vigilantes privados asume la empresa subcontratada.
En total, 27,5 millones de euros anuales, una cifra en la que no están contabilizados, subrayan desde USO, conceptos como la uniformidad, los armeros, los ejercicios de tiro, las prejubilaciones o los seguros, conceptos todos ellos que siempre asumen las empresas, pero que en el caso de que éstas fueran sustituidas por empleados públicos pasarían a pertenecer al gasto del consistorio. Sin contar, añaden desde USO, el mayor nivel de absentismo laboral que existe en el cuerpo, que es notablemente superior al de la seguridad privada. Los propios policías admiten que es sustancialmente más caro un policía que un vigilante. Así lo reconocen a El Confidencial fuentes de la corporación, que añaden que actualmente no hay policías ‘de oficina’ –destinados en despachos porque ya no tienen edad para trabajar en la calle– suficientes para cubrir las800.000 horas anuales que echan los 485 vigilantes de seguridad contratados.
Así lo ven también desde la Asociación de Policía Municipal Unificada, que no se muestra contraria a la medida de Barbero siempre que haya personal, cosa que entiende que no ocurre actualmente. Advierte, además, de que “en el momento actual” no sería adecuado “cubrir esos puestos con policías operativos, ya que conllevaría quitarlos del servicio que prestan a los ciudadanos” en la calle. Las primeras fuentes policiales mencionadas añaden que no habría más remedio que ampliar la oferta pública de empleo, y mucho, ya que tampoco sería bueno que los policías no operativos -de oficina- dejaran desocupadas sus plazas actuales, puesto que hoy por hoy estos agentes tienen funciones muy relevantes en tareas de violencia de género, departamentos especializados u oficinas de atestados de tráfico que no pueden desatender.
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