Hace unos seis meses que escribí un reportaje acerca de las denuncias por parte de trabajadores de la multinacional española Prosegur por violaciones de derechos humanos y laborales. Entonces, tuve oportunidad de entrevistar en persona a trabajadores de Latinoamérica que contaban cómo habían sido víctimas deagresiones, amenazas e intimidaciones por parte de personal directivo de Prosegur, cómo se había convertido en práctica habitual de la compañía forzar a sus empleados a trabajar durante largas jornadas laborales en condiciones de seguridad lamentables, en países como Colombia donde los sicarios cuentan con mejores armas que la propia policía.
Con todo, durante la realización de aquel reportaje lo más desalentador no fueron los testimonios de trabajadores como Héctor Fabio Bermeo, golpeado por un directivo de Prosegur, sino el silencio de la compañía. Durante varios días traté de contrastar la información, de conocer la versión de la multinacional española, pero no fue posible. Rechazaron hacer cualquier tipo de declaración lo que, en estos casos y desde mi punto de vista, es como ponerse una diana encima, como declarar su culpabilidad. Si efectivamente no se realizan malas prácticas, ¿por qué no demostrarlo? Prosegur no quiso o no pudo. En ambos casos, culpable. Culpable también me pareció el Gobierno español, ante el cual los trabajadores de Prosegur de Latinoamérica formularon diversas denuncias, a través del sindicato UNI Global Union, y nuestro Gobierno, ese que tanto presume de ‘Marca España’ con compañías como Prosegur, tampoco movió un dedo. Culpable. Culpable y lamentable.
Estos días se celebra en California una de las ferias de seguridad privada más importante del mundo: la conferencia de ASIS, a la que, claro está, Prosegur acude. Y, adivinen qué: el Consulado español ha sido testigo de una protesta de empleados de Prosegur para protestar, no sólo por las condiciones laborales en las que siguen trabajando sino, además, pidiendo protección para la vida de uno de sus empleados: Ángel Ovidio Quiroz, líder sindical de Prosegur en Medellín (Colombia).
Según me cuenta Markel Bilbao-Maté, de SEIU (el mayor sindicato de agentes de seguridad privada de EEUU), la marcha ante el Consulado ha sido un clamor ante “los embajadores de España ante los Estados Unidos y Naciones Unidas para plantear la problemática de Quiroz”, cuya mujer acaba de “recibir otra amenaza de muerte contra su marido este mismo mes”: Una llamada de teléfono le informaba de que iban a entregar el cuerpo de su marido “en pedacitos”. No es la primera; según me cuenta Bilbao-Maté, Quiróz “lleva sufriendo amenazas de muerte desde 2013”. El sindicato UNI Global ya expresó su preocupación al CEO y a la presidenta de Prosegur, sin obtener respuesta. Además, UNI Global remitió una queja ante la OCDE por supuestos abusos de los derechos humanos en Brasil, Colombia, Paraguay y Perú y, de nuevo, el silencio por respuesta.
Poco parece importar la vida de los sindicalistas que luchan por unas condiciones laborales dignas. Todo el mundo, desde la compañía al Gobierno español o los organismos internacionales miran hacia otro lado. El lobby de seguridad privada es demasiado poderoso, tanto que ayer mismo Standard & Poor’s mejoraba la valoración de la liquidez de Prosegur, confirmando su calificación crediticia a corto y largo plazo. Unos días antes, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), dependiente del ministerio de Fomento de España, le otorgaba a Prosegur la primera licencia a una compañía de seguridad privada española para operar RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems), es decir, drones.
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