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4 de abril de 2017

Organizaciones feministas rechazan la recolocación de escoltas para proteger a víctimas de violencia de género

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"A quien hay que vigilar es al agresor", aseguran

Organizaciones feministas rechazan la propuesta de las asociaciones de escoltas de País Vasco y Navarra que, tras el cese de la violencia de ETA, apuestan por que se les recoloque en protección a víctimas de violencia de género, y es que "a quien hay que vigilar es al agresor" y no a la víctima. 


El 31 de marzo acabó la actividad de los pocos escoltas que aún ejercían en Euskal Herria ante el desarme de los etarras, motivo por el que los guardaespaldas llevan tiempo reclamando nuevos cometidos como la protección de mujeres maltratadas, una iniciativa que ya se lleva a cabo en País Vasco pero que piden extender a toda España. "Ponerle escolta a las mujeres es abundar en una lógica de protección a la mujer cuando en realidad supone una limitación de la libertad", aseguró la portavoz de la Asamblea Feminista de Madrid, Justa Montero, en declaraciones a Servimedia. "Lo que habría que garantizar es que los maltratadores no agredan" y que "cumplen con sus órdenes de alejamiento", añadió.

Anabel Sanz, portavoz de la organización feminista de País Vasco Feministalde, coincide con la feminista madrileña en que "lo que hay que evitar es que haya agresores", por lo que "la vigilancia debe ser para ellos". Sin embargo, sí encuentra positivo que impartan cursos de autodefensa, pero no medidas encaminadas al "control de la mujer y coartar su libertad". "Cuando existía la violencia de ETA el trabajo consistía en proteger a la persona porque no sabíamos quién podía agredirle, en el caso de la violencia machista tenemos muy claro quién es el agresor", apostilló Sanz. La asociación Las Sombras Olvidadas de Euskadi y Navarra, que agrupa a antiguos escoltas, lleva tiempo reclamando la reinvención de los guardaespaldas y han encontrado en las víctimas de violencia de género un hueco en el que prestar sus servicios.

ADIÓS A ESCOLTAS PRIVADOS Cuando ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada en octubre de 2011, el Gobierno comenzó un plan para retirar la protección de varias personalidades bajo riesgo, como políticos, empresarios o periodistas. En una primera fase cesaron a alrededor de 400 escoltas privados contratados por Interior, pero en los últimos años ha ido mermando su número. Hoy ya no queda ninguno, salvo los que desarrollan tareas de protección de personalidades que, por su cargo, merecen servicio de escolta independientemente de la actividad de ETA, de ahí que busquen reinventarse.

El experto en seguridad César Charro ya manifestó que ha sido "lamentable el trato dispensado por los políticos a los escoltas privados" que desarrollaban su labor en Euskadi, y defiende una recolocación de estos para proteger a víctimas de violencia de género. Sin embargo, esta propuesta tampoco cuenta con el beneplácito de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, cuya presidenta, Amalia Fernández, apuntó que estas víctimas son "muy especiales" y que, por tanto, su seguridad debe ser tratada como tal. "Sería fundamental que los encargados de su seguridad estuvieran capacitados en esta materia", afirmó. Los guardaespaldas, que ya en 2014 eran residuales, se han reciclado y muchos de ellos ejercen la seguridad privada en entornos alejados de la protección personal de personalidades amenazadas debido al desarme de la banda terrorista.

FUENTE: ecodiario.eleconomista.es AQUÍ

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