El sueldo de los vigilantes está a expensas de la empresa que se adjudique los concursos públicos.
Los profesionales de seguridad pasarían de cobrar algo menos de 1.100 euros brutos al mes a poco más de 700 euros si, como prevén, el concurso lo gana una empresa que se descuelga del convenio
Los centenares de vigilantes que controlan la seguridad de las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid están de uñas y dispuestos a todo. El próximo 2 de febrero, el Gobierno regional abre la licitación del concurso público al que pujarán tres empresas. Se trata de Sasegur, Alerta y Control (que es la que se encarga hoy de la gestión) y Marsegur. Los profesionales, que deben subrogarse a la empresa que salga adjudicataria, tienen pavor a que sea esta última la que finalmente gane el concurso.
Y no es en vano su temor, ya que habitualmente la Comunidad de Madrid adjudica el concurso a la sociedad que ofrece el precio más barato y Marsegur es conocida por tender siempre a la baja, pero a costa de pagar por debajo del convenio a sus empleados. De ahí que los vigilantes se encuentren inquietos, ya que podrían ver reducido su sueldo en un 30%, según estiman ellos mismos, con base en los salarios que esta empresa abonó en otros servicios similares. Esta reducción, en caso de llevarse a cabo, supondría que el sueldo de los vigilantes, que actualmente no llega a los 1.100 euros brutos al mes, según denuncian ellos mismos, bajaría hasta los algo más de 700 euros. "Casi cobraríamos más en el paro", asegura Rafa Saldaña, secretario general del Sindicato Libre de Seguridad (SLS), organización que ha remitido una carta a todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid denunciando lo que está ocurriendo.
Desde la empresa, admiten que pagan salarios inferiores a los del convenio colectivo, pero que estos no son de 700 euros, sino que se acercan más a los 900 mensuales. Lo hacen, defienden, porque la compañía cuenta con un convenio publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y totalmente legal. En la mencionada misiva, sin embargo, entienden que algunas "empresas que están vulnerando flagrantemente el mercado de la competencia" y las "administraciones públicas son colaboradoras necesarias (...) al permitir que participen en concursos públicos e incluso contratarlas". "Están bajando las ofertas económicas" debido a que "han creado convenios propios en los que las condiciones de los trabajadores han sido rebajadas en un 20 y en un 30%", continúa.
Los vigilantes culpan a la reforma laboral de esta inestabilidad salarial, porque permite "fórmulas para que las empresas que sufran pérdidas o las prevean puedan acogerse a realizar descuelgues salariales o crear sus propios convenios colectivos". "El desarrollo de estos convenios de empresa (...) está generando una tremenda división entre las empresas del sector", prosiguen los profesionales de la seguridad, que consideran que la legislación está suponiendo una verdadera "trampa" para "esas otras empresas que también sufren los rigores de la crisis" pero siguen aplicando el convenio estatal para no vulnerar los derechos de los trabajadores.
Elegir la oferta más ventajosa, continúan los sindicalistas del SLS, supone, en este caso de Madrid y en otros, "un verdadero atentado a la dignidad de todo un colectivo de trabajadores que tiene que soportar cómo unas pocas empresas en su afán de lucro rebajan los salarios (...) de manera fraudulenta". SLS aclara que todos los casos denunciados en los tribunales han salido adelante en los juzgados de lo social, pero a las empresas les compensa aun así seguir con esta política, ya que para ellas -explica Saldaña- la lentitud judicial "propone unos plazos que suponen unas condiciones mejores que las de cualquier financiación bancaria".
Los vigilantes están dispuestos a todo si finalmente Marsegur gana el concurso.Saldaña anuncia movilizaciones de todos los vigilantes que prestan sus servicios en alguna de la sedes jurídicas de la región. Aunque el lugar todavía no está concretado por los profesionales implicados, por el momento las manifestaciones, explica Saldaña, podrían tener lugar ante el Gobierno de Madrid, la Asamblea e incluso la propia empresa de seguridad. Saldaña asegura que únicamente Ciudadanos se ha interesado por su situación. El partido de Albert Rivera, afirma, les ha anunciado que realizará propuestas en la Asamblea de Madrid para "penalizar a las empresas que paguen por debajo de convenio, paguen tarde o no cumplan los contratos".
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