La actual firma adeuda las nóminas de 80 trabajadores desde agosto, un montante que pocas entidades pueden asumir.
Cerca de 80 trabajadores encargados de la vigilancia y seguridad de sedes judiciales de la Comunitat Valenciana llevan desde el pasado mes de agosto sin cobrar sus nóminas. A ello, se suma que las bajas de los empleados no se están cubriendo, por lo que son muchos los turnos que quedan sin el personal suficiente para cubrirlo. Ante esta situación, los trabajadores han pedido a la conselleria de Justicia que intervenga y rescinda el contrato de Ceca Seguridad SL, la empresa actualmente responsable de este servicio que les adeuda cinco meses de sueldo.
Hasta ahora, la firma se escudaba en los impagos de la Generalitat. Sin embargo, el pasado 28 de diciembre Ceca recibió del Fondo de Liquidación Autonómica 600.000 euros, según confirmaron aLevante-EMV fuentes de la conselleria del ramo. «Con ese dinero tienen suficiente para pagar al menos parte de lo que le deben a los trabajadores», explicó a este diario Juan Fresneda, secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO, sindicato que ha pedido a Justicia que rescinda el contrato «por incumplimientos» del mismo. «Es evidente que esta empresa no puede continuar haciéndose cargo de estos empleados. La administración debe dejar de buscar siempre la oferta más barata y pensar en si van a ser solventes en el futuro», añadió el secretario general.
Una mochila demasiado llena El problema ahora lo tiene la conselleria, que no encuentra ninguna firma que se quiera hacer cargo de la deuda de Ceca. Unos impagos que comprenderían las nóminas de los trabajadores desde agosto, los gastos derivados de la Seguridad Social, la fianza de 185.000 euros que hay que depositar y las pagas extra de verano y Navidad. En definitiva, una mochila de adeudos demasiado cargada. Y es que Ceca también dejó a deber varias pagas de vigilantes de seguridad de hospitales como el de Gandia o Peset, antes de que perdiera el contrato con de Sanidad este verano.
El pasado mes de diciembre la firma Secopsa intentó negociar para quedarse con la concesión de este servicio, pero finalmente no culminó con ningún acuerdo, según indicaron fuentes de la cartera de Gabriela Bravo. Mientras tanto, la conselleria trata de recabar las pruebas de las incidencias que se están dando, como la ausencia de trabajadores en su turno, que podrían causar problemas de seguridad en determinadas sedes judiciales donde no hay casi presencia de agentes de la Guardia Civil. En el caso de la Ciutat de la Justicia los mandos policiales ya han emitido un informe en este sentido.
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