Mientras que los especialistas en seguridad y defensa estamos inmersos en el debate sobre las políticas actuales de seguridad que se están aplicando por los estados iberoamericanos y examinando la actuación de sus fuerzas y cuerpos de seguridad públicos, en muchas ocasiones no reparamos en otro actor, que desde hace años se ha implicado directamente en este problema, las empresas privadas de seguridad. Un aspecto que complica aún más el escenario de inseguridad regional, por varios motivos, pero fundamentalmente por la falta de control estatal sobre el mismo y de coordinación con las fuerzas de seguridad estatal. Ambas cuestiones tiene importantes consecuencias que en última instancia deterioran principios fundamentales del estado de derecho.
Recientemente, un nuevo informe de la ONU, sobre Honduras, ha querido expresar su preocupación por el peso adquirido por la seguridad privada, de empresas tanto legales como ilegales. Esta república se ha convertido en el país más peligroso de América. Entre 2004 y 2011 se contabilizaron 33.933 homicidios, sobre una población de apenas ocho millones de habitantes. La evolución de esta violencia ha sido ascendente, y así, de los 51 homicidios por cada 100.000 habitantes, en 2001, se ha pasado a 92 en 2011. Convendría tener como referencia que la media mundial es de 8,8.
Estas cifras en buena parte se deben al colapso de las instituciones estatales como la policía o la justicia. En este sentido, la implicación de las FAS, ante esta situación, con el objeto de contribuir en seguridad interior tampoco parece ser suficiente. Cabría discutir si la aplicación de medidas fundamentalmente punitivas y la militarización de la seguridad interior es la mejor opción para, cuando menos, controlar estos índices de violencia pero, en cualquier caso, su contribución no resuelve el problema de inseguridad.
Ante esta desprotección y la incapacidad del Estado para proporcionar protección a la sociedad hondureña, ésta ha recurrido a la seguridad privada. Esto explica que el crecimiento del sector haya sido extraordinario, y además sin ningún control, puesto que además de las empresas legales, hay un nutrido grupo de empresas que trabajan ilegalmente. El crecimiento de este sector ha sido rápido y espectacular. En este país operan más de 700 compañías de seguridad privada que suman entre 60.000 y 70.000 guardias, cifra que supera en más del doble a los miembros de la Policía Nacional y el Ejército juntos. La relación del número de elementos de la policía y los guardias de seguridad es de 1 a 5, de acuerdo a la información disponible. Sin embargo, a estos datos, que contabilizan los recursos de las empresas legales, hay que sumarles, además, los provenientes del importante sector informal que actúa ilegalmente. Según el informe citado, en su mayoría esas compañías son propiedad de ex oficiales policiales o militares de alto rango que controlan el sector de seguridad en el país.
Lo mínimo que podían hacer era mencionar la fuente de la imagen ya que es una imagen que se usó para un congreso
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