La Ley de Personal de la Guardia Civil es un juego a cuatro bandas entre el Ministerio del Interior, el de Hacienda y los grupos parlamentarios popular y socialista. El resto de formaciones y las asociaciones de guardias civiles no puede más que sentarse a ver el 'partido' y, como mucho, hablar con los cuatro actores mencionados. El interés del PP por hacer que esta ley salga con una imagen de consenso ha provocado que los populares concedan al PSOE un papel importante en la redacción del texto, ya que los primeros tienen mayoría absoluta y, si quisieran, podrían sacar adelante la norma sin requerir el apoyo de ningún otro grupo. Esta última actitud, sin embargo, no beneficiaría la imagen de los populares, sobre todo en una reforma legislativa que está siendo tan duramente criticada por la mayoría de los oficiales de la Guardia Civil, ya que es a los que más afecta.
De ahí que ambas formaciones se hayan reunido varias veces para negociar cuál va a ser el texto definitivo que saldrá de las Cortes y que el PSOE esté en disposición de establecer ciertas condiciones. Por ahora, según fuentes parlamentarias, ambas partes han acercado posturas en temas tan importantes para los funcionarios y la sociedad como desde qué categoría profesional se integrarán los oficiales o hasta qué edad podrá un ciudadano acceder al cuerpo. El primer tema era una línea roja para los socialistas, que desde el principio han considerado innegociable que todos los tenientes puedan integrarse en la nueva y única escala de oficiales que se creará tras la entrada en vigor de la ley, a pesar de que el texto propuesto por el Gobierno exigía ser capitán antes de poder formar parte del nuevo modelo. Este punto resulta de enorme trascendencia para los oficiales de la Guardia Civil, ya que –de entrar en funcionamiento como plantean los populares–, según algunas asociaciones del instituto armado, la norma provocaría la desmotivación de cientos de mandos afectados, que verían cómo se limitan sustancialmente sus posibilidades profesionales dentro de la corporación.
Entrar en la Guardia Civil con 40 años Asimismo, las fuentes parlamentarias consultadas aseguran que PP y PSOE también están avanzando en las negociaciones relativas a la edad de acceso al cuerpo, que en estos momentos se sitúa en los 30 años y que podría incrementarse. Los socialistas propusieron aumentarla hasta los 45 años e incluir en la ley un punto que así lo estableciera, ya que actualmente el texto legislativo vigente no aborda la cuestión expresamente y lo deja para una norma de rango menor. El Grupo Popular está dispuesto a negociar también este asunto y elevar la edad, aunque posiblemente no sea hasta los 45 años planteados inicialmente por los socialistas.
La reforma de la Ley de Personal de la Guardia Civil mantiene en vilo a miles de oficiales, mandos intermedios y agentes de base de la corporación, ya que regula aspectos que son trascendentales para la vida profesional de los funcionarios, como los ascensos –que se ralentizarán en las escalas más bajas–, los requisitos para entrar y salir del cuerpo o las titulaciones académicas que obtendrán los agentes, entre otros. Más de 2.000 mandos del instituto armado han mostrado durante las últimas semanas su desacuerdo con varios puntos del texto. Lo han hecho a través de las asociaciones profesionales; en particular a través de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, que ha lanzado una campaña por medio de las redes sociales con el fin de presionar a los parlamentarios. Esta agrupación, además, ha anunciado que llevará a cabo actos de protesta "imaginativos" y "llamativos" para expresar su malestar con la tramitación del precepto.
Estos actos, han matizado los oficiales, serán siempre acordes con las limitaciones impuestas por el ordenamiento jurídico español, ya que actualmente hay una norma que prohíbe las manifestaciones reivindicativas de los funcionarios del cuerpo. La Ley de Personal podría acabar su primera fase en el Congreso de los Diputados a finales de este mes de julio. Luego iría al Senado y, si ahí se proponen nuevos cambios, volvería a la Comisión de Interior de la cámara baja, que tiene capacidad legislativa y que aprobaría definitivamente la norma ya en el inicio del próximo curso.
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