El Ejecutivo central ha abonado a la compañía de seguridad privada Seguriber alrededor de 18 millones de euros desde 2012, el año en que se produjo la fatídica fiesta de Halloween en la que cinco chicas perdieron la vida. Esta cifra se incrementa hasta los 63 millones de euros si se analiza el periodo 2008-2012. Un negocio espectacular el de la protección de personalidades para la compañía que preside Mónica de Oriol, también presidenta del Círculo de Empresarios.
Los datos vienen reflejados en una respuesta parlamentaria que el Gobierno ha enviado al grupo socialista en el Congreso y confirman que esta empresa de seguridad sigue contratando con las administraciones a pesar de que sus responsables en el Madrid-Arena están imputados en la causa. Y lo están, presuntamente, por mala praxis profesional. El ejemplo más palmario para esas imputaciones es que ningún trabajador de Seguriber se encontraba en la sala de control de cámaras del recinto cuando comenzaron las avalanchas.
En realidad, los socialistas querían que el Ejecutivo central les respondiera a la cuestión de si se ha abierto algún expediente a esta compañía por parte del Ministerio del Interior, pero Moncloa ha preferido no contestar alegando que existe una investigación judicial al respecto. De cualquier modo, a la vista de esta cantidad de contratos con la administración central no parece que el departamento de Jorge Fernández Díaz haya iniciado de oficio ningún tipo de expediente.
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