Los sindicatos con representación en centros penitenciarios inician concentraciones en los centros penitenciarios para pedir que se apueste por los servicios públicos y no por la seguridad privada. De este modo se quiere impulsar la paralización inmediata del proceso de privatización que se ha iniciado con la seguridad exterior en varios centros penitenciarios.
Entre ellos se encuentra la prisión e Mansilla de las Mulas en León, cuyo coste privatizador, en los nueve meses de contrato y para nueve puestos de trabajo, asciende a un total de 184.565 euros, según ha asegurado el propio sindicato. A nivel nacional esta operación privatizadora ha supuesto "un suculento pastel" de 7.391.547 euros, que se ha repartido una UTE formada por ocho empresas: Ombuds, Coviar, Seguriber, Prosegur, Segur Ibérica, Prosetecnisa, Securitas y Vinsa Alentis.
A juicio de los sindicatos esto no ha significado la supresión de ningún puesto de vigilancia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con lo cual no hay ningún ahorro y los costes se han duplicado. Asimismo exigimos la convocatoria de plazas en la OEP, "para solucionar el déficit estructural de personal y el envejecimiento de la plantilla, preludio de otra privatización encubierta". Además desde la parte sindical se exige el reconocimiento de la profesionalidad de los empleados públicos en general y penitenciarios en particular. Así como la defensa de unas condiciones dignas del trabajo.
Entre ellos se encuentra la prisión e Mansilla de las Mulas en León, cuyo coste privatizador, en los nueve meses de contrato y para nueve puestos de trabajo, asciende a un total de 184.565 euros, según ha asegurado el propio sindicato. A nivel nacional esta operación privatizadora ha supuesto "un suculento pastel" de 7.391.547 euros, que se ha repartido una UTE formada por ocho empresas: Ombuds, Coviar, Seguriber, Prosegur, Segur Ibérica, Prosetecnisa, Securitas y Vinsa Alentis.
A juicio de los sindicatos esto no ha significado la supresión de ningún puesto de vigilancia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con lo cual no hay ningún ahorro y los costes se han duplicado. Asimismo exigimos la convocatoria de plazas en la OEP, "para solucionar el déficit estructural de personal y el envejecimiento de la plantilla, preludio de otra privatización encubierta". Además desde la parte sindical se exige el reconocimiento de la profesionalidad de los empleados públicos en general y penitenciarios en particular. Así como la defensa de unas condiciones dignas del trabajo.
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