El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunciaba ayer en el Congreso el acuerdo al que Grupo Parlamentario Popular y el de Convergència i Unió han llegado para modificar el contenido de algunos artículos del proyecto de Ley de Seguridad Privada. Como resultado del acuerdo, Jorge Fernández Díaz ha anunciado que el Gobierno modificará los artículos 12 y 13 del proyecto de Ley de Seguridad Privada y ha garantizado que con esta nueva Ley se mantiene la “irrenunciable preminencia de la seguridad pública a la privada y los principios de cooperación y corresponsabilidad”, remarcando que “no se trata en absoluto de privatizar la seguridad”.
Este acuerdo se ha presentado en el debate de las enmiendas a la totalidad que la Izquierda Plural y Convergència i Unió (CiU) habían presentado a este proyecto de Ley, elaborado por el Ministerio del Interior, y que modernizará e incorporará nuevas disposiciones que no estaban recogidas en la anterior normativa de 1992. En este sentido, Jorge Fernández Díaz ha explicado que el proyecto abre “nuevos servicios a la seguridad privada que la sociedad está demandando”, como la vigilancia de los polígonos, urbanizaciones, edificios públicos o joyerías, además de la seguridad exterior de las prisiones.
Siete cambios pactados El Grupo Parlamentario Popular (GPP) y el de Convergència i Unió (CiU), -que ha retirado su enmienda a la totalidad- han pactado siete cambios al articulado inicial del proyecto de Ley relativos fundamentalmente al control, inspección y sanción de las empresas de seguridad privada y de las agencias de detectives. La nueva ley, por otro lado, permitirá que las comunidades autónomas con estas competencias puedan inscribir en sus registros de seguridad privada a los despachos de detectives que trabajan exclusivamente en su marco autonómico.
Según Interior, el acuerdo subsana las dudas que habían surgido sobre la constitucionalidad de la nueva ley, ya que el Estatuto de Cataluña establece que corresponde a la Generalitat la autorización de las empresas de seguridad privada así como la inspección, sanción, autorización y coordinación de las actividades de la seguridad privada que se realicen en esta comunidad autónoma.
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