El aumento de la demanda de vigilantes de seguridad ha provocado como efecto adverso la aparición del intrusismo en esta área desde el inicio de la crisis. El presidente de la Asociación de Empresas de Seguridad de Galicia (Aesga) advierte de que desde hace cuatro años se ha notado un incremento del 30% en el número de casos en los que trabajadores que no cumplen los requisitos asumen este tipo de puestos. Asegura que sobre todo se trata de personal no autorizado contratado para vigilar obras, polígonos o centros comerciales. Y alerta además del auge de la puesta en marcha de empresas instaladoras de seguridad sin licencia.
La nueva normativa en la que trabaja el Gobierno central también pretende combatir esta lacra con graves sanciones como el cierre de las empresas que infrinjan la nueva regulación. Roberto Lage atribuye el repunte de la competencia desleal a la aprobación de la ley ómnibus, de finales de 2009, que incluye una cláusula que recoge que las compañías que vendan, entreguen o instalen equipos de seguridad no tienen que cumplir los requisitos de la actual norma de seguridad privada, por lo que, por ejemplo ni siquiera tienen porque estar acreditadas por el Ministerio de Interior.
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