No se descarta que, como en otros países europeos, la seguridad privada haga actuaciones complementarias en los controles de tráfico, como por ejemplo colaborar en los controles de alcoholémia y drogas.
El Parlament ya aprobó recientemente otorgar la categoría de autoridad pública a los agentes de seguridad privada que vigilan el sistema de transporte público y ahora, la Generalitat quiere impulsar un código de buenas prácticas para que las empresas de seguridadacrediten su excelencia y mejoren la formación de sus agentes, ante el planteamiento de que deban colaborar cada vez más en funciones policiales que no se consideren esenciales.
Aparte de los controles de alcoholemia y drogas, otras propuestas son que las empresas privadas asuman la vigilancia perimetral de los centros penitenciarios, aunque el traslado de presos y de detenidos seguiría en manos de la policía. El consejero también sopesa que agentes privados pudieran colaborar en el acompañamiento o el apoyo a los policías de tráfico en las vueltas ciclistas o que, como ya pasa en los ejes comerciales o polígonos industriales, pudieran estar presentes en el ámbito rural.
Puig destacó que ahora ya se ha asumido con "cierta normalidad" lo que hace años era un "anatema", como que la seguridad privada se encargue de la vigilancia de instalaciones de policía, del ministerio de Defensa o de grandes acontecimientos deportivos. Para esto, pide que se reflexione sobre la necesidad de que los Mossos se puedan concentrar sobre todo en las funciones de investigación criminal, seguridad ciudadana y orden público.
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