La nueva normativa abre el debate sobre un modelo de seguridad basado en la ausencia de garantías.
El pasado 10 de diciembre aparecía publicado, en el Boletín de las Cortes Generales del Congreso de los Diputados, el proyecto de Ley de Seguridad Privada, aprobado en la Comisión de Interior con los votos de PP, PNV y CIU. Dicha ley sustituirá a la de 1992 y su principal característica radica en quebrar un principio básico instaurado con la creación de los Estados modernos, como es el monopolio de la violencia por parte del poder público.
Los motivos ideológicos para legislar sobre esta materia son claros: por una parte, la crisis económica, que hace adelgazar la estructura del Estado y reducir costes (el Estado español está a la cabeza de Europa en funcionarios de Policía, aunque cuenta con una de las tasas de criminalidad más bajas); por otro lado, reservar la seguridad pública para otro tipo de conflictos. Con el proyecto de ley se amplían, vulnerando el principio de seguridad jurídica, las competencias, ámbitos de actuación y funciones de los servicios de vigilancia y protección privadas. Se amplían sus espacios de intervención en la vía pública y, por otro lado, abre su intervención incluso a establecimientos de seguridad pública como los CIE, centros penitenciarios y cualquier edificio público.
En cuanto a sus funciones, aumentan notablemente creando servicios “parapoliciales”. El artículo 32 del proyecto establece que los vigilantes podrán solicitar la identificación de la ciudadanía, denunciar infracciones administrativas, inclusopracticar detenciones, limitando el interrogatorio a cuestiones filiatorias. A los escoltas se les permite realizar actos que impidan la libre circulación, identificar y detener, incluso en la vía pública, siempre que resulte imprescindible como consecuencia delo que considere un intento de agresión. Se introducen técnicas jurídicas, antes aplicables sólo a la seguridad pública, que aplican una amplia discrecionalidad jurídica para así poder introducir espacios de arbitrariedad. Seguramente esta técnica legislativa se irá ampliando en futuras reformas para equiparar la seguridad privada a la propia policía y así ampliar los espacios de impunidad de estos cuerpos.
¿El modelo que queremos? Con todo este panorama, el debate parlamentario y político se ha centrado en defender el modelo clásico de seguridad pública frente a un nuevo modelo de seguridad privada, con escasa formación de sus trabajadores para las nuevas funciones y en el que el objetivo siempre será económico. Sin embargo, el debate debería ser el propio cuestionamiento del modelo actual de seguridad. Parece que la tendencia de este modelo es que se cree una policía pública para cuestiones de Estado y políticas que ataquen el modelo socioeconómico capitalista, y una policía privada con funciones residuales que recoja el cajón de sastre de infracciones administrativas o delitos menores, y que deben pagar los particulares si quieren mantener esa paz social.
Esta aprobación de la ley debe ser una oportunidad para debatir y cuestionar si queremos este modelo de seguridad, basado en una ausencia de garantías de derechos, en la impunidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad, en la creación de ficheros ideológicos o en el aumento de la tortura y malos tratos y la muerte en prisiones. Un nuevo modelo de seguridad, imposible en los actuales parámetros socioeconómicos, debe basarse en políticas que promuevan la solidaridad, cooperación, igualdad y justicia, en la erradicación de todas las formas de opresión, explotación y exclusión, y en el que los cuerpos de seguridad sean instituciones imparciales, transparentes y confiables.Éste es el verdadero debate que nos quieren ocultar.
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